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| Domingo Castillo, Secretario General Federación Empleados Públicos de USO Córdoba. |
28 F, Día de Andalucía: ¡Salvemos
los servicios públicos¡
El sindicato que
represento en esta provincia, a través de la Federación de Empleados Públicos,
con motivo de la celebración del 28 de Febrero, Día de Andalucía, quiere hacer
públicas, una vez más, sus persistentes
reclamaciones sobre la necesidad imperiosa de devolver la integridad de sus potestades a la Administración
Pública Andaluza, en manos de una
Administración paralela cada día más extensa y menos transparente; mejorar y
potenciar la calidad de sus servicios,
que han sufrido en los últimos años los mayores recortes de su
historia; e impedir el malgasto y
dilapidación de los recursos públicos.
Los funcionarios de la
Administración andaluza, como garantes
del bienestar colectivo y de la eficiencia del sector público, observamos con honda preocupación el deterioro y la
acelerada privatización de servicios en los últimos años. Un proceso que se
produce en paralelo a la suplantación y desplazamiento de funciones y
competencias que venían desempeñando los empleados públicos hacia entes
instrumentales semipúblicos y entidades de gestión privada. Todo ello, con
la consiguiente pérdida de garantías para la ciudadanía y el menoscabo en la
calidad de las prestaciones básicas.
Salas
de urgencias abarrotadas donde fallecen pacientes por falta de atención, farmacias desabastecidas de
medicamentos subastados a laboratorios que no ofrecen las garantías mínimas de
calidad, y recortes de personal, -contratado, en último término, al 75 por ciento de la jornada-, son algunas muestras del panorama actual
de la sanidad pública andaluza. Niños
recibiendo clases en barracones de lata, eufemísticamente llamados
caracolas, universidades endeudadas, y recortes de plantilla, son una mínima
expresión del depauperado estado de la educación pública andaluza. Dependientes
que mueren sin haber recibido las prestaciones a las que tenían derecho
reconocido por falta de presupuesto; mujeres
víctimas de violencia sin apoyo oficial y cientos de
organizaciones quebradas por el
retraso en la percepción de fondos públicos reflejan la situación de nuestros
Servicios Sociales. Y, en el ámbito de la Administración de Justicia, infraestructuras depauperadas, carencia de medios, y falta de personal, son el pan nuestro de cada día. La relación de
s deficiencias sería tan extensa como la de conflictos judiciales y la de
titulares periodísticos que alertan a
diario sobre la grave crisis económica, política y social que padece esta Comunidad.
De
la crisis económica a la institucional
FEP-USO ha
denunciado reiteradamente la ausencia de iniciativas públicas para dejar
atrás la crisis económica en que está instalada Andalucía y
salir de otra crisis de similar gravedad, que podríamos calificar de “institucional”.
En efecto, la debilitación de valores democráticos, que delata la multitud de
casos de corrupción salidos a la luz, llama a fortalecer la democracia,
redoblando el esfuerzo de la sociedad por mejorar sus instituciones; y esto,
sin duda, requiere de inversiones que contribuyan a regenerar lo público. Por
el contrario, resulta frustrante descubrir que se siguen dedicando fondos
millonarios a gastos con escaso o nulo control y rentabilidad social, lo
cual significa echar por tierra gran parte de las posibilidades de regeneración.
Insistimos, por
tanto. La sombra de la privatización se cierne sobre el inmediato futuro de los
servicios públicos en Andalucía. Se nos vende que,
sólo poniendo en manos del sector privado servicios y patrimonio público,
pueden salvarse unas cuentas autonómicas mermadas y faltas de un control
riguroso.
Ejemplo de ello
sería la reciente venta masiva de inmuebles propiedad de la Junta a un
fondo de inversiones norteamericano, al que, acto seguido, se le alquilan esos
mismos edificios, y por los que los andaluces terminaremos pagando, tras veinte años de alquiler, más de
un 150 % del precio de saldo recibido por su venta. En Córdoba han sido 8, las principales sedes administrativas
oficiales en la capital, las que forman parte del lote total de 70 afectadas en
todo el territorio autonómico.
Similar situación
se produce con los escasos proyectos que la Junta de Andalucía ha conseguido
poner en marcha durante la actual legislatura. Un ejemplo: la Ciudad de la
Justicia de Córdoba, reivindicación histórica que, tras más de una
década de retrasos, este año ha
arrancado a través de la demagógica fórmula de colaboración público-privada.
O lo que es lo mismo, financiación privada que, a largo plazo, supondrá un coste al erario público cuatro
veces superior al inicial. Y que vuelve a reincidir en el traspaso de
patrimonio y responsabilidades públicas a manos privadas (empresas
constructoras y entidades bancarias).
Entre la agonía del presente y la incertidumbre por el futuro
Soluciones que se
presentan como novedosas, mientras se mantienen los endemismos. El desempleo
sigue siendo el mayor problema, con una incidencia que clama al cielo entre
la juventud. Y la emigración, de nuevo,
como única salida para cientos de jóvenes entre los que se encuentra
parte de la generación mejor preparada,
pero con los peores resultados en los informes PISA. Y contratos de
miseria para los que se quedan a través de propagandísticos planes EMPLEA
y JOVEN.
En suma, andaluces
y andaluzas, agraviados por los brutales recortes económicos, sociales y
laborales sufridos en esta legislatura agonizante; agobiados por la escasez
de recursos y frustrados ante la incertidumbre
por el futuro, porque sus demandas no son atendidas por los responsables
políticos y son invisibles para una parte de la opinión pública, embaucada a través de los medios de comunicación afines al poder.
Y la Justicia, si llega, será demasiado
tarde.
Entre esos
andaluces se encuentra una mayoría
de funcionarios de la Administración
autonómica, menos que mileuristas, que acumulan más de un 30 por ciento de poder
adquisitivo perdido en diez años, además de sufrir ataques permanentes a sus
derechos consolidados como trabajadores, mientras asisten al persistente despilfarro
del presupuesto público y al expolio del patrimonio común entre la impotencia y
la desesperación.
Domingo Castillo,
secretario general en Córdoba
de la Federación de
Empleados Públicos de USO.