Andalucía / FRAUDE EN FORMACIÓN
Alaya investiga
las cuentas de CEA y CCOO por el fraude de la formación
La juez que investiga el fraude de la formación,
Mercedes Alaya, ha puesto bajo su lupa a la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y a la federación regional Comisiones
Obreras. A través de un auto fechado el pasado 23 de abril, la titular del
Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla requiere al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para que «en el plazo de cinco días» identifique las cuentas bancarias
vinculadas a ambas organizaciones «en las que se ha hecho efectivo el pago de
subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo».
Caso
ERE
El exinterventor dice que la Junta hizo
"oídos sordos" pese a la advertencia de irregularidades
El que fuera
Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y
2010, Manuel Gómez Martínez, ha
señalado este martes que la Intervención puso de manifiesto
"irregularidades y deficiencias lo suficientemente graves como para que el
gobierno hubiera tomado medidas" en el caso de las ayudas socio-laborales
y que, sin embargo, el Gobierno andaluz hizo "oídos sordos"
y miró "para otro lado" durante diez años.
La comparecencia de Gómez Martínez se ha alargado durante tres horas y media y en ella solo ha respondido a las preguntas del juez instructor Alberto Jorge Barreiro, los fiscales y el abogado de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Tras acabar, ha dicho a los periodistas -de quienes no ha aceptado preguntas- que se ha sentido "injustamente acusado" por los máximos responsables de la Junta que han comparecido previamente ante el Supremo.
La comparecencia de Gómez Martínez se ha alargado durante tres horas y media y en ella solo ha respondido a las preguntas del juez instructor Alberto Jorge Barreiro, los fiscales y el abogado de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Tras acabar, ha dicho a los periodistas -de quienes no ha aceptado preguntas- que se ha sentido "injustamente acusado" por los máximos responsables de la Junta que han comparecido previamente ante el Supremo.
El fiscal del caso ERE, a Griñán: «No cabe en cabeza
humana que no actuase»
Uno
de los fiscales del Tribunal Supremo que interrogaron al expresidente de
la Junta de Andalucía José Antonio Griñán el pasado 9 de abril en el
Supremo por el denominado caso de los ERE fraudulentos afirmó que «no cabe
en cabeza humana» que ningún responsable hiciera nada ante los numerosos
informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que hablaban de procedimiento
al menos «inadecuado» en la concesión de ayudas sociolaborales.
El ex consejero Fernández asegura
que Chaves y Griñán no conocían el procedimiento de las ayudas
El ex consejero
de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha asegurado este
jueves, en su declaración ante el Tribunal Supremo, que los ex presidentes de
la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán no
conocían el procedimiento por el que se concedían las ayudas de los
ERE y ha añadido que no existe “ningún ERE falso”, limitando
el caso de los intrusos a sólo 60 personas, un uno por ciento del total de
beneficiarios de las ayudas.
Ninguno de los catorce ex altos cargos de la Junta
declara ante la juez Alaya
Ninguno
de los catorce ex altos cargos imputados en el Caso ERE ha declarado ante la juez Mercedes Alaya que los había
citado para ampliarles la imputación. Ni el exconsejero de Empleo, Antonio
Fernández, que el jueves también está citado ante el Tribunal Supremo
en la parte que instruye sobre los aforados, ni los tres exdirectores generales
de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez
y Daniel Alberto Rivera han querido prestar declaración. Como
han hecho en sus últimas comparecencias, todos ellos se han acogido a su derecho
y han preferido no pronunciarse en presencia de Alaya.
EMPLEO
La Junta desoye sentencias para readmitir a trabajadores y
mantiene a enchufados
Después de más de dos años pleiteando
con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a trabajadores
contratados en 2008 a través de una oferta pública y al amparo de un
programa que financiaba el Gobierno central. El 31 de diciembre de 2012, a
pesar de las protestas de los 413 empleados afectados, que ofrecían orientación
laboral a desempleados en las oficinas del SAE, la Junta los despidió.
El motivo, que había dejado de percibir las transferencias estatales que
costeaban sus contratos.
Ahora, un aluvión de sentencias firmes del TSJA ha
declarado nulos los despidos de los llamados «asesores Memta» y obliga
a la agencia autonómica a reincorporarlos en sus puestos de trabajo
como personal laboral fijo de la Administración rigiéndose por el VI convenio
de la Junta de Andalucía. El varapalo judicial va a acarrearle un
quebranto económico notable a las arcas públicas (más de 6 millones de
euros), toda vez que ha sido condenada a pagar sus salarios desde la fecha en
que los echaron a la calle.
A pesar de que han ganado una batalla, la guerra
continúa. El SAE se niega a cumplir las sentencias firmes y
los afectados se han visto forzados a reclamar su ejecución en los juzgados.
Alega, entre otras razones, que no hay sitio para ellos tras absorber como
personal subrogados a más de 1.500 empleados procedentes de la extinta Fundación
Fondo de Formación y Empleo de Andalucía (Faffe), un organismo
investigado por la juez instructora dentro de la trama de formación, Mercedes
Alaya, y que fue un coladero de afines al PSOE.
La Junta prepara la recolocación
de los agentes locales de empleo
Después de muchos meses de conflicto, la
Junta de Andalucía anuncia que está
ultimando la incorporación de los agentes locales de promoción de empleo (ALPE)
que tienen declarada la nulidad de sus despidos, y que ha enviado ya a los
juzgados un escrito en el que solicita que se requiera a los trabajadores
afectados que manifiesten en qué entidad desean incorporarse.
Los últimos datos ofrecidos por los representantes de este colectivo (unos 787) elevan la cifra de despedidos con sentencias firmes favorables a unos 600 agentes de empleo en toda Andalucía. No obstante, la Junta recuerda que algunas sentencias no solo afectan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a los consorcios UTEDLT sino que en ocasiones también se condena solidariamente a los ayuntamientos consorciados y a la Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo.
SANIDAD
Los últimos datos ofrecidos por los representantes de este colectivo (unos 787) elevan la cifra de despedidos con sentencias firmes favorables a unos 600 agentes de empleo en toda Andalucía. No obstante, la Junta recuerda que algunas sentencias no solo afectan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a los consorcios UTEDLT sino que en ocasiones también se condena solidariamente a los ayuntamientos consorciados y a la Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo.
SANIDAD
Eventuales
del SAS demandan a la Junta por “posible fraude” en sus contratos
La Asociación
de Eventuales del Servicio Andaluz de Salud (Aesas) presentará este jueves
30 de abril una cuarta demanda colectiva en la Delegación del Servicio
Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, al considerar que podría estar «en fraude
de ley» su relación contractual con la empresa, según ha informado a Europa
Press la portavoz de la asociación, Rocío Jiménez.
Esta
cuarta demanda será presentada por un total de 36 eventuales, «tanto socios
nuevos como otros antiguos que no pudieron participar en las anteriores»,
señala Jiménez en declaraciones a Europa Press, en las que recuerda que «tras
esta reclamación previa, la Administración tiene un mes para contestar y
poder evitar la demanda judicial».
