Por vez primera desde 1982, la Policía entra en el
Parlamento Andaluz para desalojar a 50 alcaldes de IU
Es la primera vez que la Policía Nacional tiene que entrar en el Parlamento andaluz para desarrollar su labor. Ha sido para desalojar el encierro que mantenían 45 alcaldes de IU que reclamaban a la Junta de Andalucía que les pague el dinero que les debe de los planes de Empleo que anuncia a bombo y platillo y cuyo importe no ingresa en las arcas de los Ayuntamientos. La solicitud de su intervención procedió del presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, que contó para ello con el apoyo de los demás grupos, incluido Podemos, que se desmarcaba de la competencia en radicalización que parece estar impulsando IU.
El desalojo fue consecuencia de la negativa de los alcaldes de IU a abandonar el encierro a pesar de la insistencia del presidente del Parlamento, que, tras ello, reunió a la Mesa del Parlamento cuyos miembros, incluido el representante de Podemos, apoyaron el desalojo con la única oposición de IU.
Los 50 alcaldes de IU se habían encerrado a mediodía de ayer en uno de los salones del Parlamento de Andalucía y alrededor de las once y media de la noche, fueron desalojados sin tener que emplear la fuerza para ello.
Los ingenieros, en guerra contra la Junta de Andalucía por competencia desleal
Las empresas de ingeniería y consultoría están en pie de
guerra contra la Administración. Ya no se trata solamente de la escasa
inversión pública y de las drásticas rebajas en los concursos (una
media del 30%) con los que se adjudican los proyectos. Ahora una de las
principales quejas es la competencia desleal. Y más concretamente, el
supuesto abuso de la figura de las «encomiendas de gestión» en el que
podría estar incurriendo la Junta de Andalucía, fundamentalmente a
través de Tragsatec (filial de la empresa pública Tragsa).
Esta figura consiste en que una administración encargue a otro ente público la
provisión de ciertos bienes o servicios, debido teóricamente a que la urgencia
del mismo aconseja no convocar un concurso. Sin embargo, como ya ha denunciado
el Tribunal de Cuentas, el uso creciente de este recurso ha «desbordado
el actual marco normativo regulador», que se ha «revelado como
insuficiente y excesivamente disperso».
Asistimos a un abuso permanente de esta figura debido a que la
administración pública es incapaz de hacer los ajustes a los que se han visto
obligadas las empresas privadas», apunta Fernando Argüello, director general
de Fidex
(una asociación que agrupa a las principales consultoras españolas de obra
civil). En este sentido, indica que mientras que las empresas que conforman
Fidex han hecho reducciones de plantilla que, de media, superan el 40%, la
administración «está dirigiendo el escaso trabajo que hay de consultoría e
ingeniería a los entes públicos para evitar hacer recortes».
La Junta y el PSOE, contra el presupuesto general del Estado para
2016
La decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de
aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2016 de manera inminente ha
desatado una tormenta política en Andalucía donde el Gobierno andaluz y
el PSOE se han apresurado en poner en marcha una campaña cuyo principal mensaje
es destacar el «maltrato» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy propina a la
comunidad autónoma. Un maltrato que, por cierto, se debe a un sistema de
financiación de las autonomías que fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero y que contó con el beneplácito de José Antonio Griñán,
entonces presidente andaluz, y de Susana Díaz, consejera de la
Presidencia. Es más, fue aplaudido públicamente por quien era consejera de
Hacienda, la ahora defenestrada Carmen Martínez Aguayo.
El principal argumento del Gobierno andaluz —reforzado por el número
dos del PSOE en Sevilla y por el secretario de Política Institucional, Miguel
Ángel Heredia, en Málaga— pasa por destacar que el Gobierno central ha
dejado de invertir en Andalucía 4.156 millones de euros entre los años
2009 y 2013, merced a ese sistema de financiación que, según el PSOE, ya no
debería aplicarse puesto que ha concluido su período de vigencia. Una
justificación a la que se acogen para denostar el actual sistema de
transferencias de fondos del Estado a las autonomías que quieren cambiar a toda
costa y que se diseñó, entre otras cosas, para contentar a Cataluña.
La Junta, ahora, contra
el sistema de financiación autonómica que antes aplaudía
La Junta de Andalucía no ha modificado ni un ápice en el arranque de
la presente legislatura la estrategia de la confrontación con el
Gobierno central, tantas veces puesta en práctica, convencida de que se va a
traducir en réditos electorales. En esta ocasión para «explotar» el victimismo
político ha tomado como referencia el sistema de financiación de las
comunidades autónomas, un modelo que se aprobó en la etapa de Rodríguez
Zapatero, pero que el Ejecutivo que preside Susana Díaz critica por cómo se ha
aplicado.
Sin embargo, la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de
las denominadas balanzas fiscales, echa por tierra la estrategia
socialista al demostrar que Andalucía está entre las comunidades con un
saldo fiscal positivo, es decir que recibe más de lo que aporta, por una
cantidad que en 2012 alcanzó los 8.531 millones de euros.
Según el análisis que ayer hizo el Consejo de Gobierno del sistema
de financiación autonómica, los datos son «demoledores» para nuestra
comunidad, con 4.156 millones que se han dejado de recibir en los últimos cinco
años, a lo que se une la obligación de tener que devolver 265 millones por
la liquidación del ejercicio de 2013, una cantidad que según el Ejecutivo
andaluz el Ministerio de Hacienda aún ha explicado de dónde sale.
UGT montó una sucursal de formación en El Caribe con mariachis y karaokes
Los dirigentes de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A)
no sólo exportaron su negocio de formación a siete países de Centroamérica
y el Caribe con fondos públicos de la Junta de Andalucía. También se
llevaron al otro lado del Atlántico su afición al marisco y a otras
actividades de entretenimiento como karaokes y cenas amenizadas con Mariachis,
gastos que fueron endosados a una subvención concedida en 2006 por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para montar ocho sucursales
de formación destinadas a cuadros sindicales de Nicaragua, Honduras, Costa
Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana.
El verdadero destino de la ayuda de 1,8 millones de euros,
que tenía «carácter excepcional», era un proyecto de UGT-A que llevaba
por título «Integración y Fortalecimiento Sindical en Centroamérica y El
Caribe» (Proinfos). Fue otorgada por un organismo dependiente del entonces
consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, militante a su vez de UGT.
*Fuentes informativas: ABC, El Mundo, El Confidencial, El País, La Razón, El Insurgente, El Demócrata Liberal, Diarios del Grupo Joly.
