La Federación de Empleados Públicos de Unión Sindical Obrera -USO- ha reiterado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la petición de información que dirigió en octubre de 2015 a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en relación con el nombramiento como director técnico de un funcionario que está siendo investigado judicialmente.
USO, el Sindicato Andaluz de Funcionarios y el partido EQUO pidieron explicaciones a la Confederación Hidrográfica y al Subdelegado del Gobierno en Córdoba por lo que consideran un premio del Ministerio a Rafael Álvarez Giménez, excomisario de Aguas imputado en dos procesos judiciales.
Antecedentes
El Gobierno ha premiado con una plaza en la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba a Rafael Álvarez Giménez, excomisario de Aguas del organismo, tras estar imputado en dos procesos judiciales. Álvarez Giménez renunció el pasado mes de julio a su cargo, pero no fue destituido. “La plaza de Córdoba [su ciudad natal y donde reside] la puede tener de por vida, hasta que se jubile.
La primera imputación del excomisario, que ha adjudicado, presuntamente, más de tres millones de euros a empresas amigas, es por prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, por los vertidos de Albolote (Granada) y la presunta emisión de aguas fecales de la cárcel granadina a un barranco y arroyo de la zona.
En este asunto también está imputado el presidente de la CHG, Manuel Romero Ortiz, íntimo amigo de Álvarez Giménez y de la secretaria general de la confederación, Consolación Vera; el ‘triunvirato’ que ha capitaneado la etapa con más irregularidades en la historia del organismo y que ha provocado un demoledor informe de la Auditoría del Estado.
Al no obtener respuesta, USO dirige ahora su petición a la Subdirección general de Recursos Humanos del Ministerio solicitando información sobre la autoridad que admitió la renuncia del investigado, situación actual del funcionario, autoridad que lo ha designado en la dirección técnica de la CHG de Córdoba, así como el procedimiento utilizado para la misma, y copia de las resoluciones administrativas que refrendan, en su caso, los actos administrativos cuya información se solicita.
El sindicato pretende recopilar toda la documentación relativa al proceso administrativo seguido para estudiar, a continuación, si se ha podido producir irregularidad o ilegalidad alguna susceptible de denuncia o actuación judicial.
