Según publica hoy el ABC, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) teme que la Junta de Andalucía utilice la tramitación de la modificación de una ley en el Parlamento para sentar las bases de unas futuras oposiciones a la carta que beneficie de forma preferente al colectivo de los 30.000 empleados externos que se beneficiaron de la Ley del ''Enchufismo'' de 2011.
FEP-USO Andalucía coincide en este planteamiento con el SAF y considera una aberración toda la política de personal en la Administración andaluza, dirigida desde hace años a beneficiar a personal externo próximo al PSOE y a los sindicatos UGT y CC.OO. mientras restringe todos los derechos a los funcionarios y empleados públicos que han accedido a la Función Pública según los criterios constitucionales de transparencia, mérito y capacidad.
FEP-USO Andalucía coincide en este planteamiento con el SAF y considera una aberración toda la política de personal en la Administración andaluza, dirigida desde hace años a beneficiar a personal externo próximo al PSOE y a los sindicatos UGT y CC.OO. mientras restringe todos los derechos a los funcionarios y empleados públicos que han accedido a la Función Pública según los criterios constitucionales de transparencia, mérito y capacidad.
''La puesta en práctica de la Ley de Reordenación de la Administración andaluza, conocida también como «ley del enchufismo», que data de 2011, permitió que alrededor de 30.000 trabajadores de la Junta, pertenecientes a diferentes empresas y fundaciones, entraran a forma parte de una nueva estructura formada por agencias. Los empleados de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), se integraron en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua: los de la Fundación Faffe en la Agencia Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y así sucesivamente. Son gran parte de los trabajadores de la denominada administración paralela, que teóricamente ni disponían ni disponen de potestades públicas para realizar tareas propias de los funcionarios, por lo que muchos de ellos se encuentran en una especie de laberinto legal, sin ocupación determinada.
Ahora, el Sindicato Andaluz de Funcionarios según sus responsables y su servicio jurídico con los que ha hablado ABC, teme que la Junta, que anteriormente sorteaba las normas con encomiendas de gestión al personal externo, (recurridas pero sin consecuencias prácticas), utilice la tramitación de la modificación de una ley en el Parlamento para sentar las bases de unas futuras oposiciones a la carta, el concurso-oposición, que beneficie de forma preferente a este colectivo de empleados y convertirlos oficial y legalmente en funcionarios.
El SAF dispone de motivos fundados para sostener que la Junta tiene trazado un plan para que el personal procedente de la administración paralela sustituya progresivamente a la plantilla de funcionarios en las consejerías con todas las atribuciones.
Fuentes de esta organización sindical recuerdan los sucesivos intentos de la Junta por incluir como valor en los concursos de traslado y de promoción interna de los funcionarios el tiempo que hayan permanecido como interinos. En una primera instancia las bases de los exámenes (rebaremación) fueron tumbadas por los tribunales de justicia a raíz de los recursos del SAF. Con posterioridad, el pasado verano el Gobierno andaluz elaboró un decreto que tuvo la virtud de convertirse en el primero que no convalida el Parlamento. Y más recientemente no es la Junta, sino el Grupo Parlamentario Socialista, el que ha presentado una proposición de ley que viene a ser casi un calco exacto del mencionado decreto''.
