Durante tres días, los responsables de Acción Sindical de Federaciones y Uniones se reúnen en Madrid para debatir y planificar las áreas de actuación del sindicato en cuanto a negociación colectiva y afiliación.
Joaquín Pérez, secretario general de la USO, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los participantes, destacando que "nuestro sindicato es una verdadera alternativa sindical y estamos más organizados y somos más eficaces, como está demostrándose con el fuerte incremento de la afiliación en el último año". Pérez ha animado a todos los responsables de Acción Sindical a que aprovechen las ponencias y debates internos para aplicar los conocimientos al trabajo diario, para ser más eficaces día a día.
Pilar Jiménez Rius, doctora en Derecho y letrada del Tribunal de Cuentas, ha analizado en su ponencia la Ley de Contratos del Sector Público, determinando que en España no se quiere acabar con la corrupción en general, y que a ello hay que sumar "una serie de leyes -LCSP, Ley de Transparencia, Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley Orgánica de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas- que están impidiendo que la lucha contra la corrupción en la contratación pública sea una realidad".
Jiménez Rius ha defendido que la ley de contratos públicos tiene aspectos positivos, pero también tiene otros muy negativos, como que se ha dejado fuera de ese consenso con el que se ha "vendido" la ley a lobbies y expertos muy necesarios y, sobre todo, que los autores de la ley no han gestionado un contrato nunca, y de ahí sus carencias, por ejemplo, que se excluye a los partidos políticos de la aplicación de la misma.
La letrada del Tribunal de Cuentas ha reivindicado que es necesario contar con el personal suficiente para abordar adecuadamente todo el trabajo que conlleva frenar la corrupción en la contratación, así como que la ley ha de modificarse aún sin haber entrado en vigor.
Estrella Zambrana, responsable del Área Contencioso-Administrativo de la Asesoría Jurídica Confederal, ha hecho un repaso de los artículos de la ley que más directamente afectan al sindicato como que se primen otros criterios, no solo el económico, para la adjudicación de los contratos; la expresa referencia que se hace a la aplicación del convenio sectorial o las prohibiciones para contratar como es el contar con sentencia firme por delitos contra los derechos de los trabajadores. A pesar de hacer un balance positivo de la nueva ley de contratación pública, Zambrana defiende que los autores de la ley podrían haber sido más taxativos para que no exista tanta inseguridad jurídica.
