SPJ-USO CORDOBA
reitera la necesidad de crear entre 8 y 10 refuerzos más en los órganos
judiciales de la provincia. En concreto, y con especial urgencia, en solicita
un refuerzo para el Juzgado número 2 de Peñarroya. Esta petición ha sido
planteada reiteradamente a la Junta de Andalucía y reivindicada en tv a nivel
nacional y en prensa escrita en numerosas ocasiones, sin que hasta la fecha se
haya dotado del refuerzo a dicho órgano judicial, como tampoco al resto de
órganos que lo necesitan.
A finales del pasado mes de marzo, la Consejería de Justicia
autorizó la prórroga de todos
los refuerzos existentes en
la provincia, que estarán vigentes hasta
el próximo 30 de junio. Sin embargo, no atendió la demanda de este
sindicato que pretende la creación de
nuevos apoyos, dada la carga de trabajo que acumulan los órganos
judiciales en la provincia de Córdoba. «Además, el personal extra de que
dispone la Audiencia para este tipo de circunstancias no se envía ya a los
pueblos por falta de presupuesto», ha denunciado SPJ-USO.
El Juzgado número 2 de Peñarroya lleva la instrucción
de la macrocausa en la que está imputada la exalcaldesa,
Luisa Ruiz, el denominado «caso Rocket», que investiga desde hace más de dos años la comisión de presuntas irregularidades en la
gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense, sobre todo,
relativas a los fondos Miner, en la etapa de 2007 a 2011.
Según fuentes judiciales, al menos una decena de los más de 60 tomos que componen el procedimiento están
todavía sin foliar, lo que
evidencia, una vez más, la falta
de medios para tramitar en
tiempo y forma este macroprocedimiento, tal y como vienen denunciando el
sindicato de Justicia de USO (SPJ-USO). El procedimiento cuenta ya con más de
15.000 folios de declaraciones, informes, autos, recursos y material
documental.
Esta organización sindical, junto a los operadores
jurídicos, han demandado en reiteradas
ocasiones a la Junta más dotación de personal de refuerzo, sin que la Administración autonómica haya accedido a esta petición, por
considerar que «no se
justifica objetivamente el citado apoyo».
Más información:
