La Junta abre el curso con 317 módulos prefabricados en
178 centros escolares
Según un informe de la Consejería de Educación de la Junta, fechado el día 3 de septiembre, en Andalucía hay 178 centros educativos públicos que disponen de 317 edificios prefabricados, cada uno de los cuales pueden contener entre una y tres aulas portátiles (las tristemente famosas caracolas). Además, la Junta cuenta con 35 edificios modulares, sin uso docente, pero disponibles para tener este uso si surgiera la necesidad en algún centro cercano. El total de centros en funcionamiento en el curso escolar 2015-2016 es de 4.500.
En el documento, la consejera de Educación, Adelaida de la
Calle Martín, revela que «para el nuevo curso escolar se han instalado 40
módulos prefabricados» en 35 colegios e institutos. Se estima que más de 8.000
niños —la Junta no difunde cifras sobre la población escolar afectada— cursan
su educación obligatoria en los 317 edificios provisionales en uso que tiene registrados la
Administración autonómica y que están repartidos por la geografía andaluza,
salvo la provincia de Jaén, que no cuenta con ninguno.
Las «aulas de fabricación rápida» —como prefiere llamarlas
la consejera de Educación— que se han clausurado en la provincia de Málaga,
Granada o Huelva, se han compensado con las nuevas aulas portátiles que han
brotado en localidades de Almería, Sevilla y Cádiz. Según los datos que maneja
la Administración autonómica, se han eliminado 42 módulos que estaban en pie el
curso pasado, pero en su lugar se han montado 40 nuevos como consecuencia de la
presión demográfica y de los retrasos que acumulan los nuevos proyectos de
construcción y ampliación de los nuevos centros. No ha habido incremento, pero
la reducción resulta tan testimonial que a duras penas sostiene el compromiso
de la consejera, que primero anunció que en este curso no aumentarán estas
instalaciones provisionales, para agregar después que no se montarían nuevos
módulos.
Más información:
http://sevilla.abc.es/andalucia/20150916/sevi-junta-caracolas-nuevas-cuarenta-201509152236.html
Caracolas
Málaga es la
provincia del sur con más aulas prefabricadas, 71. La sigue, y de cerca, Almería con 70. El caso más conocido es el del Colegio
Indira Ghandi de Mijas. Allí los niños reciben clases en unas latas-Aulas
de fabricación rápida según la Junta de Andalucía- donde los estudiantes pasan
frío en invierno y calor en primavera. Una escuela que no cuenta ni con
gimnasio, ni con biblioteca. En definitiva, un centro que no tiene nada
que ver con los colegios que aparecen en las imágenes de Canal Sur en la
apertura del año escolar. Los padres, por su parte, llevan pidiendo más de
veinte años la construcción de un colegio para que sus hijos no estudien en
caracolas. En vano, porque ya disponemos de una generación entera que ha
completado sus estudios en esas latas.
Caracolas
Málaga es la
provincia del sur con más aulas prefabricadas, 71. La sigue, y de cerca, Almería con 70. El caso más conocido es el del Colegio
Indira Ghandi de Mijas. Allí los niños reciben clases en unas latas-Aulas
de fabricación rápida según la Junta de Andalucía- donde los estudiantes pasan
frío en invierno y calor en primavera. Una escuela que no cuenta ni con
gimnasio, ni con biblioteca. En definitiva, un centro que no tiene nada
que ver con los colegios que aparecen en las imágenes de Canal Sur en la
apertura del año escolar. Los padres, por su parte, llevan pidiendo más de
veinte años la construcción de un colegio para que sus hijos no estudien en
caracolas. En vano, porque ya disponemos de una generación entera que ha
completado sus estudios en esas latas.
La
Junta asumirá las deudas y los trabajadores de los consorcios de formación
La
Junta de Andalucía ha encontrado la
"solución definitiva" para reactivar sus consorcios de formación,
paralizados desde hace un año por irregularidades administrativas y la incapacidad
de la Administración de dar solución al laberinto jurídico en el que se
encontraban. Esa solución pasa por que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
asuma sus bienes y deudas, incluidos 167 trabajadores, a través de una cesión
global de activos y pasivos para continuar con su actividad formativa,
considerada de interés por la Junta, y en la que participan 4.900 alumnos al
año.
Hace un año, la Junta decretó la integración de los
consorcios en la Agencia Pública de Educación y Formación, para asumir su
actividad. Ahora, cambia ese destino por el SAE, aunque valida todos los actos
administrativos realizados en este periodo. En estos doce meses, el problema
fundamental se ha encontrado en la liquidación de los consorcios como
tales, paso previo a la cesión de su actividad a la Junta. En las liquidaciones
de sus cuentas, algunos consorcios se encontraban con irregularidades
administrativas, ya que el destino que le habían dado a las subvenciones de la
Junta para formación no servían para justificarlas.
No son las únicas deudas que
asume la Junta en relación a entes y
contratados en el ámbito de las competencias de la Consejería de
Empleo. Después de varias sentencias
que obligan a la Administración autonómica a readmitir a distintos colectivos de
trabajadores despedidos en los últimos años, como monitores escolares, Alpes,
etc. (en torno a 2.000 personas en total) que aún no han regularizado su situación
laboral y a quienes, aún habiendo sido readmitidos, se les adeuda salarios
desde el 2012.
El marasmo consorcial
En fin, otra vuelta de tuerca en el mastodóntico marasmo consorcial, ese chiringuito por donde hace aguas el barco de las cuentas públicas andaluzas, mientras a los funcionarios de carrera se les adeuda en torno a 8.000 euros por trabajador, en concepto de recortes aplicados en los 5 últimos años. Multipliquen ustedes, si están interesados en la suma total. Yo me mareo sólo de pensarlo. Por eso sé que ese vitoreado acuerdo por el Empleo Público, firmado en julio entre Susana Díaz y los sindicatos verticales del régimen, es papel mojado. Como tantos. Como siempre.
Las defensas del caso EREs se oponen al troceamiento de la macrocausa
Las defensas del caso EREs se oponen al troceamiento de la macrocausa
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción
pidiendo nuevas imputaciones en el caso de los ERE fraudulentos viene a confirmar los peores temores que la
división del caso de los ERE conlleva, desde la óptica de las defensas de los principales
imputados.
Los abogados se han opuesto al troceamiento de la macrocausa porque, según
entienden, la división haría que muchos de los imputados, sobre todo los altos
cargos, tendrían que someterse a muchos juicios, incluso centenares, en
función de las distintas piezas separadas que pudieran abrirse. Y esos temores se han hecho realidad con el nuevo escrito de la Fiscalía
Anticorrupción, puesto que entre las 25 personas cuya imputación se solicita en
la pieza que se abrirá sobre “Graficromo y Taller de Libros” una buena parte
son ex altos cargos que ya estaban imputados en el caso de los ERE. De esto se
desprende que el Ministerio Público irá solicitando, en función de su
presunta participación en los hechos, del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio
Fernández, de los ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan
Márquez y Daniel Alberto Rivera), así como ex viceconsejeros o ex altos
directivos de la agencia Idea, que actuaba como caja pagadora de las ayudas de
los ERE.
El maridaje
La constante permanencia del PSOE en la gobernanza andaluza, de manera ininterrumpida y absoluta durante los 33 años de autonomía, solo es explicable por la habilidad con la que ha ido tejiendo una red clientelar y una comunidad de intereses con distintos grupos, con cada uno de los cuales ha sabido buscar analogías que armonizaran objetivos comunes. Se ha tratado, en síntesis, de buscar puntos de encuentro, colaboración y adaptación en cada situación para construir un maridaje de intereses coincidentes.
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