La
dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Andalucía ha reclamado a la Junta a primeros de octubre las
retenciones indebidas aplicadas en las nóminas de 3.000 empleados públicos, tanto funcionarios como laborales, en concepto de bases de cotización durante el periodo comprendido entre julio-diciembre de 2012. La cuantía reclamada suma más de 1,5 millones de euros.
La información ha sido facilitada a la Junta de Personal Funcionario de Servicios Periféricos de la
Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba y a los comités de empresa de
las delegaciones territoriales y del Gobierno, en cumplimiento del Reglamento
general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad, artículo 33.1 del
R.D. 928/1988.
Según la inspección realizada por la Inspección, a raíz de denuncias individuales, las retenciones indebidas estarían entre los 561 euros y
los 1.829 euros por funcionario y nivel.
Aunque se emprendan acciones colectivas por parte de los órganos de representación del personal y de las organizaciones sindicales, se recomienda a todos los trabajadores de la Administración andaluza que soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe de bases de cotización del periodo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012 y confirmen que lo cotizado entre julio y diciembre de 2012 no es inferior a la cotización de mayo de 2010.
La medida afecta a las
pensiones y prestaciones futuras por desempleo, enfermedad o accidentes de los damnificados directos. Y,
al conjunto de los españoles por las cantidades millonarias que dejan de
ingresarse en la caja común de la Seguridad Social.
