El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha reconocido que «no cuenta» con un catálogo donde consten estos puestos de trabajo. Es decir, carece de un documento que determine qué hacen y cuáles son los sueldos y complementos del numeroso grupo de personal integrado hace cinco años en el organismo de la Junta que gestiona los servicios destinados a los desempleados. Su integración al SAE se consumó al amparo de la ley de reordenación del sector público andaluz pero no se sabe ni qué hacen ni cuáles son sus salarios.
El consejero Maldonado respondió el pasado 8 de enero a las parlamentarias populares, Teresa Ruiz Sillero y Patricia del Pozo, explicando que entre los ex Faffe subsisten hasta seis categorías diferentes: un directivo, nueve «mandos», 22 «mandos intermedios», 784 técnicos, 161 administrativos y 141 clasificados como personal de «apoyo». Son los 1.118 "sin papeles" administrativos.
Además de estos 1.118 empleados sin tareas definidas ni remuneraciones especificadas, la agencia cuenta con otros 1.297 trabajadores con unas funciones definidas en el catálogo de puestos de trabajo: 916 funcionarios, 73 interinos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), 286 interinos contratados con fondos europeos y 267 laborales fijos.
El número total de plazas que recoge la Relación de Puestos de Trabajo de la agencia es de 2.966 plazas, pero sólo están ocupadas 1.550, el 48 por ciento de los puestos que deberían estar destinados a ayudar a 972.228 andaluces parados a los que no se destina ninguna acción formativa desde 2011.
Las resoluciones del enchufismo
Los funcionarios y empleados públicos en número de 50.000 salieron a la calle ea finales de 2010 en una manifestación histórica en protesta por la voluntad de enchufismo de la Junta de Andalucía presidida entonces por José Antonio Griñán.
Resumiendo, la Junta contrató durante años personal para sus entes públicos sin control y sin pruebas regladas y llegó a tener 35.000 empleados de una "administración paralela" que huía del Derecho Administrativo y le permitía la mayor discrecionalidad.
Tras la aprobación de la normativa que permitía la incorporación de los "enchufados" a la Junta de Andalucía en calidad de empleados, perpetrada en estos últimos años, los 1.118 trabajadores de la extinta Faffe encontraron acomodo laboral en el Servicio Andaluz de Empleo gracias precisamente a la polémica Ley de Reordenación del sector público, que dio cobertura legal a la eliminación de 111 empresas públicas para agruparlas en 14 grandes agencias.
El Gobierno andaluz, apoyado por UGT y CC:OO, se enfrentó a los sindicatos profesionales de funcionarios que intentaron en los tribunales que se derogara la normativa "enchufista" que pretendía convertir en empleados públicos a los miles de contratados sin control alguno. La Faffe fue disuelta y sus más 1.500 trabajadores - muchos de ellos amigos, familiares o ex alcaldes socialistas -, pasaron a integrarse en el SAE. La juez Alaya habló de la Faffe como "bolsa de fraude". Ahora, se sabe además, que no se sabe lo que muchos de ellos hacen y cobran.
