La ONU
institucionalizó el Día de la Mujer en 1975 para conmemorar la lucha de
millones de personas en todo el mundo por lograr la
participación de las mujeres, en pie de igualdad, en la sociedad. El
origen de la celebración mundial del 8 de marzo está, precisamente, en el
ámbito laboral.
El Día
Internacional de la Mujer se celebra en memoria de las 140 trabajadoras de una
fábrica de camisas en Nueva York (Triangle Sirtwaist) que murieron en un
incendio provocado durante una jornada de huelga para exigir la mejora de sus
condiciones laborales. Ocurrió el día 25 de
marzo de 1911. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral
de los Estados Unidos.
Un siglo
después, las condiciones laborales de la mujer en el mundo desarrollado han
dado un giro de 180 grados. Es innegable. Sin embargo, aún es preciso exigir la
igualdad laboral: en el acceso al empleo, y más aún a los puestos de
responsabilidad; en la equidad salarial
y en el reparto de cargas de trabajo. Es preciso, en suma, reivindicar
medidas eficaces para que la conciliación profesional y familiar deje de ser
sólo teórica. Y, en paralelo, es urgente cuantificar la economía del cuidado,
básicamente desarrollada todavía por mujeres; erradicar la violencia de
género, y dotar económicamente las
políticas dirigidas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades entre hombre
y mujeres.
Por todo ello, desde
la Unión Sindical Obrera centramos nuestra campaña reivindicativa del 8 de
Marzo de 2018 en la situación laboral de
las mujeres y, con el lema ‘Rompamos la etiqueta de la precariedad
femenina’, denunciamos no solo la desigualdad existente, sino las peores
condiciones laborales y sociales que sufren durante toda su vida por el mero hecho de ser mujeres.
La campaña incluye paros parciales de
cuatro horas por turno y concentraciones en los centros de trabajo a las 12.00
y a las 16,00 horas, en los que se leerá un manifiesto. USO se une así
al movimiento internacional que reclama acciones contundentes para reivindicar
los derechos de la mujer en el trabajo y a la campaña de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) para promover directivas comunitarias que mejoren
el sistema de licencias de paternidad retribuida y para cuidados familiares. Esta
convocatoria de la USO tiene como
objetivos concretos en España:
•
Exigir a los
gobiernos una apuesta seria y una regulación específica que aborde la realidad
de la mujer en el mercado de trabajo, para conseguir la igualdad real, eliminar
la brecha salarial y el techo de cristal.
•
Acabar con la
precariedad en la contratación femenina y con la mayor tasa de desempleo entre
las mujeres.
•
Establecer un
nuevo modelo de negociación colectiva con perspectiva de género y un control
más exhaustivo de los planes de igualdad en las empresas.
•
Conseguir un
mayor acompañamiento presupuestario y una aplicación más efectiva de la Ley de
Igualdad.
•
Reclamar una
adaptación más racional de los horarios laborales con los escolares.
A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO
La Unión Sindical Obrera presentará con motivo del 8 de marzo los resultados de un estudio sobre la situación sociolaboral de la mujer en España que viene a confirmar la persistencia de una situación de desventaja que comienza con su incorporación al mercado laboral, se agrava durante la etapa de la maternidad y tiene consecuencias graves en su vejez. Desde que son jóvenes, las mujeres acceden, en su mayoría, a puestos de trabajo parciales o temporales, lo que repercute en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social inferiores desde edades tempranas. Esa etiqueta, la de la precariedad laboral, se extiende a toda la vida laboral.
Por otra parte, entre otras circunstancias, la mujer sigue condicionada por su rol de cuidadora. Esto y la imposibilidad de conciliar la vida familiar y profesional las lleva también a elegir trabajar menos horas o incluso a dejar el trabajo para hacerse cargo de la atención a familiares. Finalmente, durante la vejez, tras acumular cotizaciones marcadas por contratos temporales, jornadas a tiempo parcial y salarios más bajos, las pensiones de las mujeres son un 40% inferiores a las de los hombres. Es más, el 71% de las pensiones que están por debajo del SMI son de mujeres. Esto hace que una mayoría sean pensionistas cada vez más pobres y que, tras toda una vida trabajando, no puedan tener una vejez digna. La pensión no contributiva corresponde mayoritariamente a mujeres.
Son muchas las razones que explican esta situación. Las mujeres son ocupadas preferentemente en la economía sumergida, en trabajos de menor cualificación y en tareas no remuneradas del ámbito doméstico, familiar y social. En todos los sectores, los hombres ascienden más frecuentemente que las mujeres y, en consecuencia, reciben un mejor sueldo. Los puestos de gestión y control están ocupados en un 75 % por hombres.
Entre la diversidad de estadísticas que confirman esta realidad destacamos que, según los datos de la EPA, casi el 74% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, y más de dos millones están desempleadas; el 60 por ciento de los salarios más bajos los cobran mujeres y la brecha salarial en 2017 fue del 15%.
Aunque la brecha de género en España se mantiene por debajo de la media europea (16,3) y en todo el entorno UE sigue una trayectoria de paulatino descenso en los últimos años (menos 0,4 puntos en 2017), la lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres debe encabezar las políticas comunitarias, pues son situaciones injustificadas e inaceptables en una sociedad que proclama la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Si a ello unimos una tasa de paro femenina que sigue estando por encima de la masculina (18,4 frente al 16,55 por ciento en 2017 en España) es ineludible la urgencia de poner remedio a esta discriminación.
Desde USO, continuaremos exigiendo que, en los convenios colectivos que negociamos, la retribución no contenga elementos discriminatorios y que exista transparencia en todos los conceptos salariales. “A igual trabajo, igual salario” es una reivindicación histórica de nuestra organización que sigue estando, desgraciadamente, de plena actualidad. Pedimos una nueva legislación que vaya más allá y considere la igualdad salarial efectiva en todas las empresas públicas y privadas en su propia génesis, sin venir condicionada por el tamaño de su plantilla. Este año, tenemos que celebrar, al fin, que el Congreso de los Diputados se ha puesto en marcha para crear una Ley que regule la equiparación de las retribuciones de hombres y mujeres. Pero lamentamos, al mismo tiempo, que el Gobierno no disponga de presupuestos generales, lo que, sin duda, supondrá un nuevo retraso en la aplicación de políticas imprescindibles para compensar desequilibrios, conciliar tiempos y equiparar situaciones.
ROMPAMOS EL TECHO DE CRISTAL
En relación con el techo de cristal, las circunstancias invisibles que impiden la igualdad real, la USO recoge en su informe cifras que confirman su persistencia, aunque en declive. Efectivamente, cuanto más avanza la carrera profesional menos son los altos cargos y los órganos de gobierno que ocupan las mujeres; los premios y reconocimientos que obtienen y los salarios que perciben en comparación con los hombres. En paralelo, mayores son sus responsabilidades domésticas, su carga mental, su implicación en causas sociales, etc. La falta de visibilidad femenina continúa siendo escandalosa en todos los ámbitos, sobre todo, en los niveles más altos de la ciencia, el arte, la empresa, la política, el sindicalismo, las ONGs. el periodismo. En todos.
Entre los datos positivos, constatamos que prosigue el avance de la mujer en nivel de formación, acceso a ámbitos laborales que antes les estaban vetados, en carrera profesional y en emprendimiento empresarial. Pero el progreso es lento. Muy lento.
En 2017, por primera vez, el 25% de los puestos directivos en el mundo estaban ocupados por mujeres. España, con un 27%, se ha situado, incluso, por encima de la Unión Europea, que ha alcanzado el 26%. En diez años el porcentaje de mujeres directivas españolas ha subido diez puntos. Y las empresas sin ninguna mujer en la dirección han pasado del 32 al 22 %.
En cuanto a nivel formativo, el número de universitarias es mayor que el de hombres (55 frente al 45 %). Dominan en las Ciencias de la Salud (70 %); en las Artes y las Humanidades (62 %) y en las Ciencias Sociales y Jurídicas (60 %). En las Ciencias puras se sitúan a la par. Sólo las ramas de Ingeniería y arquitectura son masculinas (75 frente a 25 %). Las universitarias que concluyen sus estudios y realizan un master son más que los hombres (54/46%) y el de doctoras está a la par que el de doctores universitarios. España cuenta con un 39 % de doctoras e investigadoras, por encima de la tasa comunitaria (33%).
Pero, a pesar de estas cifras tan alentadoras, la desigualdad de género se hace patente a medida que se avanza en la carrera profesional y en los órganos de gobierno de cualquier entidad, tanto privada como pública, y de todos los sectores y actividades.
Llama especialmente la atención la escasa representación femenina en la alta dirección del ámbito judicial, que se encuentra muy por debajo de los estándares marcados por la legislación vigente, fijados en un mínimo del 40 % de representación de cada sexto. Sólo una mujer forma parte de la Sala de lo Penal frente a 13 hombres (7,1%). Sólo cuatro mujeres están actualmente integradas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo frente a 31 hombres (11,4%). Sólo cuatro mujeres forman parte de la Sala de lo Social frente a ocho hombres (33,3%). La Judicatura en su conjunto está integrada por un 52,7% de mujeres, según el último informe sobre estructura demográfica de la carrera.
Andalucía, 8 de marzo: más brecha de género
En Andalucía la diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres sigue estando muy por encima de la media nacional, concretamente, en torno al 23 por ciento, lo que representa casi 5.000 € menos de salario anual. Esta región sigue ocupando el quinto lugar en el ranking nacional, detrás de Asturias, Cataluña, Cantabria y Navarra. Esta circunstancia, unida a los elevados índices de paro de la Comunidad, en torno al 25 % de la población activa y entre los más altos del entorno europeo, aboca a las andaluzas a una situación mucho más difícil. Especialmente, a las que integran el sector de edad entre 25 y 54 años, que soportan siete puntos más de desempleo que los hombres (19/27%).
Y, llegada la edad de jubilación, si la etiqueta de la mujer en España es la precariedad, en Andalucía roza la indigencia. El 70 por ciento de las jubiladas recibe una pensión ínfima o no contributiva, por debajo del SMI.
Por tanto, la UNIÓN SINDICAL OBRERA anima a la ciudadanía a participar en las movilizaciones convocadas el día 8 de marzo para exigir de las instituciones que pongan fin a la explotación laboral añadida que sufren las mujeres y a las distintas formas de violencia de las que son víctimas. Reclamamos el incremento en los presupuestos públicos de todas las partidas vinculadas con la paridad, acometer la tan necesaria Ley de Igualdad Salarial; aprobar un plan de choque por el empleo que tenga en cuenta la dimensión de género; atajar la discriminación en el sistema de protección social; o mejorar las prestaciones por desempleo y establecer una renta mínima garantizada como nuevo derecho subjetivo.
Desde USO continuaremos luchando para romper la etiqueta de la precariedad que acompaña a las mujeres durante toda su vida laboral y exigimos planes reales de conciliación y corresponsabilidad, que les posibilite desarrollar una carrera profesional en paridad de oportunidades, así como una mayor apuesta por la educación y la concienciación para que la igualdad sea real en todos los ámbitos de la sociedad.
