SUSANA DÍAZ Y LOS SINDICATOS TRAIDORES
PERSISTEN EN ENGAÑAR A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera en
Andalucía persiste en su reclamación a
la Junta de Andalucía para que restituya todo el salario y todos los derechos
laborales y sociales sustraídos a los empleados públicos en los últimos cinco
años, periodo en el que el Gobierno autónomo ha maltratado
reiteradamente a este colectivo, mientras ha seguido beneficiando a sus altos
cargos, tanto de la Administración oficial como paralela, que ha engordado sin
cesar a pesar de la crisis económica.
Este
sindicato considera que, bajo ningún concepto, sería tolerable otro año más de
recortes, cuando ninguna otra comunidad autónoma, ni el gobierno central
han sido tan restrictivos con su personal.
Mucho menos sería explicable este agravio comparativo con el resto
del Estado ante tanto anuncio de recuperación económica y un adelanto
electoral innecesario que supuso a las
debilitadas arcas públicas andaluzas un sobrecoste por encima de los 10
millones de euros.
USO rechaza la reiteración
de tanto anuncio incumplido por parte del Ejecutivo de Susana Díaz y exige que, de una vez por todas, deje
de utilizar a los trabajadores de la
Administración andaluza en clave electoralista, recurriendo a la demagogia y al chantaje, cada vez que beneficia
a los cálculos políticos del Partido socialista y, lo que es más grave aún, a los intereses particulares de la
presidente.
Qué reivindicamos
Andalucía fue la única Comunidad autónoma que recogió en sus
presupuestos de 2014, por segundo año consecutivo, un nuevo recorte a las pagas extras de su personal
administrativo, al igual que hizo en 2013. Eso, después del impago de la extra
íntegra de diciembre de 2012 y de cinco años consecutivos de congelación
salarial en toda España que, en total, han supuesto una pérdida de poder
adquisitivo por encima del 30 %.
Ahora,
en una vuelta de tuerca más, y ante la inminencia de las próximas elecciones
generales, Susana Díaz firma con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un “supuesto
acuerdo para la defensa y mejora del empleo público andaluz” que anuncia
–una vez más a bombo y platillo- el “compromiso” de pagar en febrero de 2016
–dentro de 7 meses más- el 25 % de
la paga extra sustraída en diciembre de 2012 que ya han percibido los funcionarios
y empleados públicos de toda España.
Y este “supuesto compromiso” se suscribe un año después de que
numerosas sentencias judiciales hayan obligado al Gobierno de Rajoy a dar
marcha atrás, en parte proporcional, a aquella medida injusta e ilegal. Y meses después de que el ministro Montoro esté
hablando de devolver la totalidad de la extra no pagada por mor de las medidas
de restricción del déficit público.
El plan de ajuste que el Gobierno andaluz aprobó en 2012, con la excusa de la crisis
económica, ha supuesto el mayor atraco a los derechos laborales aplicado en
la Función Pública durante la actual etapa democrática. Y, ni siquiera, como hubiera sido de justicia
redistributiva, para atender necesidades de quienes peor lo están pasando, o
para mantener el Estado del Bienestar. Por el contrario, la austeridad
aplicada al sector público andaluz ha repercutido gravemente en el conjunto de la ciudadanía andaluza,
afectando a servicios básicos como educación, sanidad, prestaciones sociales y
justicia.
En la FEP-USO Andalucía nos
preguntamos si tanto ajuste sufrido por los empleados públicos, en su mayoría mileuristas, no habrá servido,
en gran parte, para sufragar el
despilfarro en los elevados sueldos y costosos privilegios de los que disfrutan
los señores y señoras parlamentarias autonómicas, los señores y señoras del
Gobierno andaluz y los señores y señoras de la alta dirección de la
administración, tanto oficial como paralela, tan innecesaria e ineficaz ésta última
como manirrota y destinada sólo a defender intereses de una élite estrechamente
ligada al partido gobernante y a sus sindicatos verticales.
Como nos tememos que así sea y, de cara a la nueva
legislatura recién iniciada, este
sindicato persiste en exigir de manera inmediata la eliminación de todos los
recortes en servicios públicos y la devolución de todos los derechos
arrebatados a los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Pero, no en
febrero de 2016 ni a lo largo de los próximos cuatro años, como han pactado “supuestamente”
la presidenta con sus sindicatos amigos,
“si las condiciones económicas y políticas lo permiten”. EXIGIMOS sin demora:
1.- El pago de todos los salarios no retribuidos a los
funcionarios y empleados públicos andaluces desde 2010 hasta hoy. Especialmente,
las pagas extras íntegras no cobradas en 2012, 2013 y 2014.
2.- La devolución de las ayudas de acción social, los días
de asuntos propios, la antigüedad por vacaciones y el horario previo a las restricciones
impuestas en 2012.
3.- La ampliación del 100 % de la jornadas, retribuciones y
cotizaciones a los trabajadores temporales e interinos.
4.- El pago a la Seguridad social del 100 % de las cotizaciones indebidamente satisfechas
respecto al personal laboral fijo y funcionario.
5.- Puesta al día en las ofertas de Empleo Público,
que duermen el sueño de los justos desde hace casi una década en ciertas
categorías profesionales y niveles funcionariales.
6.- Puesta la día en la convocatoria de concursos de promoción,
traslados y demás procesos laborales.
7.- Actualización de
las RPTs para adecuar la oferta de
empleo público a las necesidades reales de servicios públicos que demanda la
ciudadanía andaluza.
8.- Negociación con
todos los representantes sindicales del VII Convenio Colectivo del Personal
Laboral, también acorde a la realidad actual de la sociedad andaluza y a las
demandas que exige de una Administración moderna, eficaz y transparente.
9.- Implantación de una política de Salud Laboral, prevención
y formación ágil, eficiente y ajustada, asimismo, a las necesidades reales de
los trabajadores.
10.- La eliminación del agravio comparativo que supone el
trato privilegiado que se presta desde el Gobierno andaluz a las élites de las
denominadas agencias o empresas público-empresariales que engloban el enorme
conglomerado instrumental paralelo-clientelar. Hablamos de salarios por encima de la presidente de la Junta, el
disfrute de mutuas de prevención, planes de pensiones privados, nepotismo generalizado en el acceso y el uso
de recursos públicos sin control, entre otros beneficios.
USO:
La independencia y la transparencia, nuestra razón de ser
Confía en un sindicalismo comprometido sólo con los trabajadores
