La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) ha contratado un seguro de consejeros y directivos y responsabilidad profesional por importe de 29.040 euros. El mismo, negociado sin publicidad y adjudicado a la empresa Insurance Company, supone el «blindaje» de los cargos de este ente público perteneciente a la Agencia IDEA y que forma parte de la investigación judicial abierta en torno a los fondos Jeremie. La resolución, publicada recientemente, está fechada en julio de 2015.
Una jueza de Sevilla ya ha abierto diligencias previas para investigar la gestión que Soprea realizó de 185 millones de euros de los fondos europeos Jeremie concedidos a distintas empresas entre los años 2007 y 2013. El caso ha recaído en el juzgado de Instrucción 5 después de que en el marco de la investigación que sigue el juzgado de Instrucción 16 sobre Invercaria se pusieran de manifiesto posibles irregularidades en Soprea, otro ente público de la Administración andaluza. Así, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la jueza de dicho caso que desgajara la investigación sobre los fondos Jeremie de la relativa a Invercaria y remitiera a reparto el atestado elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en relación a dichos fondos. La Fiscalía esgrimía que en el caso Invercaria se investigaban únicamente las ayudas dadas con fondos propios de la sociedad de capital riesgo. Eran hechos distintos que había que desgajar.
Soprea pertenece a la Agencia IDEA –adscrita a su vez a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio– y ha gestionado los fondos Jeremie por encargo de ésta. La Cámara de Cuentas ya advirtió en un informe de fiscalización que «no debió resultar adjudicataria de la licitación promovida por la agencia IDEA, que tenía por objeto la intermediación financiera del Jeremie, al darse las circunstancias previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios».
La práctica de «blindar» directivos no es nueva. Hay que recordar que la empresa de la Junta Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria) ya contrató un seguro de responsabilidad para sus administradores y el personal de dirección, así como de la propia sociedad pública y de sus entes dependientes. La medida perseguía el aseguramiento de posibles «consecuencias económicas de las reclamaciones» contra ellos, derivadas de «la responsabilidad personal, limitada y solidaria en la que puedan incurrir» por desempeñar sus cargos.
La USO es contraria a este tipo de prácticas en la Administración Pública porque podría ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos ya que el presupuesto de todos se invierte en la defensa y protección de intereses particulares, mientras se desatienden intereses generales tanto de los trabajadores de la Junta como de los administrados, recortados en sus derechos desde hace años con la excusa de la crisis.
