La pretensión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de acoplar a 1.118 empleados laborales procedentes de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que carecen de tareas específicas, ha encendido la luz de alarma en los sindicatos de funcionarios, que además de cuestionar el procedimiento temen que con la adjudicación de los trabajos se otorguen potestades públicas a un personal que legalmente no puede ejercerlas. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha anunciado que «combatirá jurídicamente» tanto el método como las convocatorias que se hagan a su amparo, como ya se ha hecho con los recursos presentados en Sevilla y Cádiz.
A principios de febrero ABC desveló que el SAE tiene en nómina a 1.118 trabajadores de la extinta Faffe que carecen de funciones definidas, según había reconocido José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, departamento al que está adscrito aquel organismo.
Con posterioridad se publicó que el propio director gerente del SAE, Julio Coca, había firmado una instrucción para dar cobertura de forma provisional, por razones de urgencia u oportunidad, determinadas necesidades de plantilla con personal laboral. En principio se ha comenzado por un grupo de trabajadores que tendrá como tarea la realización de informes.
