Como
ya informamos en su día, el 14 de noviembre de 2014, la comisión negociadora
del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía acordó modificaciones en
el sistema de clasificación profesional recogido en el VI Convenio. El acuerdo, publicado en el BOJA el día 22 de enero de 2015, está suscrito por la Administración, CCOO y CSIF, organizaciones que aglutinan sólo el 52 por ciento de la representación sindical. Esta circunstancia, al coincidir con la convocatoria electoral andaluza y la aceleración de la negociación del VII Convenio Colectivo, nos llevan a desconfiar de las auténticas intenciones de los firmantes.
Para los delegados de FEP-USO en la Junta de Andalucía, no se entiende en qué beneficia al personal
laboral este extraño e imprevisto acuerdo, ya que no responde a ninguna
necesidad imperiosa detectada por nuestros representantes ni demandada por los
trabajadores cuyos intereses colectivos defendemos. Por el contrario, genera incertidumbre y perjuicios.
Asimismo, consideramos que responde a pretensiones de la
Administración y de los sindicatos firmantes por cuanto puede resultar una jugada
estratégica para incorporar en un marco único de regulación
futura al personal laboral con el colectivo de los entes instrumentales. Sería, por
consiguiente, el paso siguiente en la hoja de ruta que abrió la controvertida
Ley de reordenación del sector público andaluz (Ley 1/2011, de 17 de febrero),
por la que se reconocía a los trabajadores del sector conocido popularmente como administración paralela como empleados públicos.
Por
lo pronto, lo acordado en noviembre modifica aspectos significativos del texto
normativo actual que regula la relación laboral en el seno de la Administración autonómica. Por ejemplo, se
aumentan los requisitos acreditativos de titulación o certificados de
profesionalidad, por una parte, al tiempo que se equipara el graduado escolar al certificado de escolaridad.
Cambia la denominación de categorías
profesionales, elevando o rebajando el
rango sin justificación; o fusiona otras, creando comodines para la
administración, que podrá ubicar donde quiera a trabajadores que en la
actualidad pertenecen a categorías distintas.
También unifica bolsas de trabajo, lo
que afectará a quienes se encuentran a la espera de un llamamiento para la
categoría que se fusiona.
En
conclusión, si no se entiende como beneficioso el contenido de las
modificaciones para el personal al que afecta, en este momento, aún menos se
comprende la urgencia en tramitarlo. Toda vez que el VI Convenio Colectivo,
después de 12 años de vigencia, se
prorrogó hasta el 30 de junio de 2015, por acuerdo unánime de todos los
representantes sindicales, firmado el
26 de junio de 2014. Apenas 5 meses antes.
Que
CCOO y CSIF ahora justifiquen su visto bueno a la propuesta empresarial en
que es un “principio de recuperación de
los derechos perdidos” constituye un ejercicio de demagogia habitual en ellos,
aunque no deja de sorprendernos por el ataque frontal que supone para un
colectivo de trabajadores y la defensa a ultranza de privilegios para otros.
Los laborales y funcionarios de la Junta de Andalucía, a los que se les arrebata unos derechos
adquiridos legalmente a lo largo de una
extensa y sacrificada carrera administrativa, en la mayoría de los casos, frente a otra mayoría de contratados en la
administración clientelar, creada por intereses electoralistas del
partido gobernante, a los que se les
otorgan dádivas,
forzando la normativa vigente y sin más requisito que formar parte de ese magro
entramado instrumental.
Para
la “recuperación de los derechos perdidos”,
sería exigible de esos sindicatos,
conniventes con la Administración andaluza en tantos conflictos
laborales a lo largo de décadas, el
mismo empeño a la hora de reclamar reivindicaciones tan justas como el abono de las
pagas extras recortadas desde 2012 a los laborales y funcionarios, la recuperación del 10 %
del salario sustraído a temporales e interinos, el restablecimiento
de las ayudas sociales o la
convocatoria de las ofertas de empleo
público y concursos aparcadas o
dilatados "sine die".
FEP-USO
Andalucía exige explicaciones al Gobierno autónomo sobre este acuerdo que, como hemos argumentado,
consideramos fuera de lugar y, desde toda perspectiva, colisiona con los
intereses de los trabajadores a los que compete.
