El fariseísmo de los
candidatos a la Alcaldía de Córdoba a cuenta de Manuela Gómez y los
funcionarios de la Junta
Será que estamos en Cuaresma o será la inminente campaña
electoral a las municipales. El caso es
que los candidatos a la Alcaldía de Córdoba se han lanzado esta semana, cual abyectos fariseos, a la yugular de la ya
amortizada delegada de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, Manuela
Gómez Camacho.
La vehemente exdirectora del IES Trassierra cometió el
‘’grave error’’ de felicitar por carta, con membrete de la Administración que
representa a todos los andaluces, a sus
jefes de servicio por "el
triunfo del PSOE en las elecciones autonómicas’’. Eufórica ante el futuro, la representante institucional
concluye su misiva oficial rogando al personal de su confianza que transmita "mi agradecimiento a todas las
personas de la delegación por su esfuerzo, profesionalidad e implicación en
esta noble causa".
Manuela Gómez ha pagado
muy caro la novatada de las primeras elecciones que disfruta desde un cargo
institucional de la Junta de Andalucía, donde la confusión y utilización
partidista de la Administración se da por hecha y sobreentendida, pero nunca
debe dejarse constancia delatora. Parece como si un sector de su familia
política hubiera estado esperando a que se estrellara con todo su equipo y
prepotencia más pronto que tarde para pedir su dimisión. Parece que en este
caso la estrategia electoralista sea excusa para saldar alguna deuda pendiente
o rencillas personales.
De lo contrario, no se entiende la inmediata y dura
crítica que, precisamente, la prudente candidata del PSOE a la alcaldía
de Córdoba, Isabel Ambrosio, lanzó
contra la delegada, ya dimisionaria,
pocas horas después de hacerse pública la noticia en los medios de comunicación locales, ante
el revuelo que había provocado su misiva entre el personal destinatario.
La candidata
ejemplar
La exdelegada del
Gobierno de la Junta, que ha compartido con Manuela Gómez mesa de trabajo en
las reuniones semanales de los delegados territoriales, desde julio de 2012 hasta enero de 2015, llegó a afirmar con contundencia al ser
interpelada al respecto: "yo no hubiera dejado pasar ni un solo minuto para
que nadie me tuviera que pedir responsabilidades políticas".
Farisaica actitud la de
Ambrosio que durante sus casi siete años de mandato al frente de la Junta de
Andalucía en Córdoba ha permitido la
utilización, tanto de las dependencias,
como de los recursos materiales y humanos de la Administración
autonómica en la provincia, en beneficio del partido que representa. Y, en
concreto, desde que fue nominada candidata a la Alcaldía, hasta su cese en
enero de 2015, su gestión al frente de
la Delegación ha estado dirigida, casi en exclusiva, a favorecer su marca política personal. Ello,
en detrimento de una eficiente gestión de los asuntos públicos que competen a
todos los cordobeses y cordobesas y que
deberían haber contribuido a la mejora de su bienestar y calidad de vida.
En este sentido, el
sindicato USO ha venido denunciando la falta de inversión y los
recortes presupuestarios en sectores básicos
como educación, sanidad, servicios sociales y justicia; las carencias en personal y
la consiguiente explotación de las minoradas plantillas de funcionarios y
laborales obligados a soportar jornadas laborales por encima de la
normativa, así como situaciones de tensión,
estrés y acoso laboral intolerables
en una administración del siglo XXI.
USO ha denunciado el castigo al que el Gobierno andaluz
ha sometido a los funcionarios, interinos y laborales, que han sufrido los
mayores recortes salariales y de derechos sociales de toda España, habiendo perdido, en suma, en torno a un 35 por ciento
de poder adquisitivo y la práctica totalidad de ayudas sociales conseguidas a
través de la negociación colectiva durante décadas.
USO ha denunciado el trato de favor y el descontrol del
presupuesto público en la Administración paralela de primer, segundo y hasta tercer nivel, que se ha
mantenido en situación de privilegio, aún en los años más dramáticos de crisis
económica y social.
USO ha denunciado la presunta malversación de fondos
públicos en operaciones opacas tanto en la
gestión de recursos como de personal –caso
Ciudad de la Justicia de Córdoba-. Y, para rematar, hemos denunciado la venta
del patrimonio público inmobiliario, 8 sedes institucionales en la capital
cordobesa, a un fondo buitre norteamericano que desde enero es dueño de 70
inmuebles valiosísmos en todo el territorio andaluz por un desembolso
irrisorio.
Para quienes conocemos
el funcionamiento de la Administración autonómica resulta miserable la actitud
de la exdelegada del Gobierno andaluz en Córdoba y actual candidata a la
alcaldía de la capital con su compañera de partido y de gestión. Aunque,
coincidimos con ella en que nunca cometió el error de dejar constancia por
escrito de ningún agradecimiento a su personal colaborador, mucho menos al
funcionariado, en general. De hecho, no tenemos constancia de que nunca lo haya
hecho, ni siquiera, de palabra. De hecho, su actitud habitual ha sido de
menosprecio e indiferencia hacia todo aquel que no perteneciera a su equipo más
cercano, parte del cual fue impuesto digitalmente por su persona. De hecho, los miembros del comité de
empresa del personal laboral de esta Delegación se quedaron a la espera de que
durante cuatro años la representante institucional de la Junta los recibiera en su despacho para
tratar sobre la problemática laboral que
en reiteradas ocasiones quisieron exponerle personalmente, ante la falta de respuestas satisfactorias
por parte de la secretaría general.
A Pedro García ya no le sorprende nada
Y, si lamentable resulta
a esta representación sindical la actitud de la candidata del PSOE, más aún la
del candidato por IU, Pedro García, que en su perfil de Twitter publicaba el
jueves el siguiente mensaje:
Buenos
días a tod@s, no se cómo describir esto, aunque la pena es que ya no nos
sorprende nada... http://cordopolis.es/2015/03/26/agradecimiento-con-sello-de-la-junta-por-la-victoria-del-psoe/ …
Al respecto, sólo indicar que Pedro García ha sido
delegado de la vicepresidencia del Gobierno andaluz en la provincia desde julio
de 2012 hasta enero de 2015, fecha en que Susana Díaz rompió unilateralmente el
pacto de gobierno con IU y convocó elecciones anticipadas al Parlamento de
Andalucía.
Durante ese periodo, el actual candidato a la alcaldía
por IU ha percibido un sustancioso salario del erario público que sufragan
todos los andaluces, los españoles y europeos a cambio de ninguna actividad
laboral a favor del interés general. Por el contrario, su dedicación durante
este periodo ha sido exclusiva a su causa personal a través del partido gracias
al cual disfrutaba de tan agradable estatus, como ha quedado demostrado en las
rutinarias ruedas de prensa que
semanalmente ha ofrecido a las puertas del Ayuntamiento de la capital en los
últimos dos años.
Su presencia en las dependencias de la Delegación del
Gobierno, donde dispuso desde el primer día de su nombramiento de despacho,
coche oficial y personal funcionario a su servicio, ha sido testimonial. Sobre
todo, no ha faltado en fechas en las que la provincia recibía la visita del
vicepresidente, Diego Valderas, y algún otro alto cargo de IU en el Gobierno
andaluz. Y poco más.
Carmen Arroyo Molina, delegada de USO en la Junta de
Andalucía
