La Federación de Empleados Públicos de Unión Sindical Obrera -USO-, el Sindicato Andaluz de Funcionarios y el partido EQUO han pedido explicaciones a la Confederación HIdrográfica y al Subdelegado del Gobierno en Córdoba por lo que consideran un premio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a Rafael Alvarez Giménez, excomisario de Aguas imputado en dos procesos judiciales.
El Gobierno ha premiado con una plaza en la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba a Rafael Álvarez Giménez, excomisario de Aguas del organismo, tras estar imputado en dos procesos judiciales. Álvarez Giménez renunció el pasado mes de julio a su cargo, pero no fue destituido. “La plaza de Córdoba [su ciudad natal y donde reside] la puede tener de por vida, hasta que se jubile. Es el Ministerio quien lo ha autorizado”, subrayó a El Confidencial un alto funcionario de la confederación que no quiere identificarse por miedo a represalias.
La primera imputación del excomisario, que ha adjudicado más de tres millones de euros a empresas amigas, es por prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por los vertidos de Albolote (Granada) y la presunta emisión de aguas fecales de la cárcel granadina a un barranco y arroyo de la zona.
En este asunto también está imputado el presidente de la CHG, Manuel Romero Ortiz, íntimo amigo de Álvarez Giménez y de la secretaria general de la confederación,Consolación Vera; el ‘triunvirato’ que ha capitaneado la etapa con más irregularidades en la historia del organismo y que ha provocado un demoledor informe de la Auditoría del Estado.
