Técnicos
de mantenimiento de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud -constituidos
en la Asociación de profesionales Apromansas- se manifestarán el próximo sábado,
7 de noviembre en Sevilla, apoyados
por otros colectivos de trabajadores de la Junta de Andalucía, en
defensa de los Servicios Públicos sanitarios.
La
marcha partirá a las 11 de la mañana desde el Palacio de san Telmo, sede del
Gobierno andaluz, y transcurrirá por las calles de la capital hasta llegar al
hospital Virgen Macarena. Allí está prevista una concentración final en la
puerta principal y la lectura de un manifiesto.
Aunque
las movilizaciones surgen a iniciativa de Apromansas,
la manifestación ha sido convocada por el sindicato USO (UNIÓN SINDICAL OBRERA) y cuenta con el apoyo de SIC-PAGSA (Sindicato Independiente de
Celadores, Personal de Gestión y Servicios) y
CO.Bas, sindicato creado por el
sector crítico escindido de CC.OO.
También
se han sumado a la convocatoria del personal sanitario otros colectivos en
riesgo como los trabajadores del campo, Extuperfil, Infoca y Movistar.
Los
técnicos del mantenimiento público
hospitalario andaluz sufren condiciones
laborales difíciles, principalmente los eventuales, debido a los recortes
aplicados por la Junta de Andalucía desde 2010 y a una pérdida de derechos
laborales progresiva. Las restricciones y mayores exigencias que les está imponiendo
la Administración autonómica de un tiempo a esta parte se producen en paralelo
al aumento de la contratación de servicios con empresas externas, para las que,
en último término, acaban trabajando los profesionales del SAS.
Esto
quiere decir que la Junta está pagando doblemente estos servicios. Primero, a
sus propios empleados, quienes tienen que corregir la falta de especialización
de los trabajadores de las empresas contratadas, habitualmente pertenecientes a
grandes grupos del país, para realizar labores, igualmente, de mantenimiento.
Además,
vienen soportando aumento y cambios arbitrarios
en la carga de trabajo, contratos temporales a tiempo parcial hasta del 33 por
ciento, traslados diarios a poblaciones fuera de la de su residencia habitual,
cuando hay vacantes en su provincia. Y, en último término, la no renovación de contratos. Exigen, entre otras peticiones, que se actualice la bolsa de trabajo, la convocatoria
urgente de oposiciones y una oferta de empleo con plazas diferenciadas por
categorías.
Un acuerdo en mesa sectorial que los
condena al despido
Esta
situación ha llegado al límite con el acuerdo firmado en la última mesa
sectorial de sanidad, a finales de septiembre, en la que ‘’no se han incluido
ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores’’, según han informado portavoces
de los convocantes.
Las
reivindicaciones fueron acordadas en
asambleas mayoritarias, después de meses de movilizaciones, y cuentan con la legitimidad de las 800 firmas
que las han suscrito, más de dos tercios de la plantilla actual. En su opinión,
la Administración y los ‘’supuestos’’
sindicatos representativos –UGT, CCOO, CSIF Y SATSE- "han condenado al
despido a muchos compañeros eventuales y frustrado el futuro de los fijos’’.
Por
todo ello, se ha convocado esta nueva jornada de movilización, a la que
seguirán otras, que cuenta con el respaldo de otros colectivos dentro y fuera
de la Junta, entre ellos empleados de
servicios generales de la sanidad pública que se encuentran en situación parecida, como
son celadores, administrativos, lavanderas y pinches.
En
el caso de los celadores, han explicado que "se están perdiendo funciones y
contratando empresas externas para realizar esta labor". En los últimos
centros de atención primaria que se han inaugurado en Málaga "se ha
privatizado el servicio de administración". También "se han privatizado" las lavanderías
en las provincias de Cádiz y Málaga y las cocinas de varios hospitales. El
servicio de seguridad y vigilancia y catering también está contratado con
empresas privadas desde hace años. Todo ello, junto a la derivación de
servicios sanitarios a hospitales privados.
En
realidad, nada nuevo bajo el sol de Andalucía, donde la empresa más grande de
España, con 270.000 trabajadores en nómina, según los últimos datos ofrecidos en
el Parlamento por la consejera de Hacienda y Función Pública, María Jesús
Montero, no cesa en su carrera
desenfrenada hacia la privatización y externalización de los servicios públicos.
