La
marcha partirá a las 11 de la mañana desde el Palacio de san Telmo, sede del
Gobierno andaluz, y transcurrirá por las calles de la capital, con parada ante la sede central del SAS, hasta llegar al
hospital Virgen Macarena. Allí está prevista una concentración final en la
puerta principal y la lectura de un manifiesto.
Aunque
las movilizaciones surgen a iniciativa de Apromansas,
la manifestación ha sido convocada por el sindicato USO (UNIÓN SINDICAL OBRERA) y cuenta con el apoyo de SIC-PAGSA (Sindicato Independiente de
Celadores, Personal de Gestión y Servicios) y
CO.Bas, sindicato creado por el
sector crítico escindido de CC.OO.
También
se han sumado a la convocatoria del personal sanitario otros colectivos en
riesgo como los trabajadores del campo, Extuperfil, Infoca y Movistar, así como
organizaciones juveniles de estudiantes.
Apromansas ha dispuesto autocares en todas las provincias que desplazarán gratuitamente hasta Sevilla a todos los interesados en participar en esta manifestación. Para más información, contactar con la asociación a través de su página web o de su perfil en Facebook y Twitter.
Mantenimiento público hospitalario andaluz
Apromansas ha dispuesto autocares en todas las provincias que desplazarán gratuitamente hasta Sevilla a todos los interesados en participar en esta manifestación. Para más información, contactar con la asociación a través de su página web o de su perfil en Facebook y Twitter.
Mantenimiento público hospitalario andaluz
Los
técnicos del mantenimiento público
hospitalario andaluz sufren condiciones
laborales muy difíciles debido a una pérdida de derechos progresiva desde hace años, acentuada desde
2010 por los recortes aplicados por la Junta de Andalucía. Las restricciones y mayores
exigencias técnicas –polivalencia- que les impone la Administración se producen en paralelo al aumento de la
contratación de servicios con empresas externas, para las que, en último
término, acaban trabajando los profesionales del SAS, subsanando errores
cometidos por falta de especialización.
Dada
la complejidad que caracteriza hoy día a los centros hospitalarios, tanto la
polivalencia técnica exigida como la falta de especialización característica de
la externalización del trabajo pueden suponer graves riesgos para los usuarios
de los servicios públicos hospitalarios.
Además,
vienen soportando aumento y cambios arbitrarios
en la carga de trabajo, contratos temporales a tiempo parcial hasta del 33 por
ciento, traslados diarios a poblaciones fuera de la de su residencia habitual,
cuando hay vacantes en su provincia. Y, en último término, la no renovación de contratos.
Un acuerdo en mesa sectorial que condena al despido
Esta
situación ha llegado al límite con el acuerdo firmado en la última mesa
sectorial de sanidad, a finales de septiembre, en la que ‘’no se han incluido
ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores’’, según han informado
portavoces de los convocantes. Exigen, entre otras peticiones, que se actualice la bolsa de trabajo, la
convocatoria urgente de oposiciones y una oferta de empleo con plazas
diferenciadas por categorías.
Las
reivindicaciones fueron acordadas en
asambleas mayoritarias, después de meses de movilizaciones, y cuentan con la legitimidad de las 800 firmas
que las han suscrito, más de dos tercios de la plantilla actual. En su opinión,
la Administración y los ‘’supuestos’’
sindicatos representativos –UGT, CCOO, CSIF Y SATSE- "han condenado al
despido a muchos eventuales y frustrado el futuro de los fijos’’.
Por
todo ello, se ha convocado esta nueva jornada de movilización, a la que
seguirán otras, que cuenta con el respaldo de otros colectivos dentro y fuera
de la Junta, entre ellos empleados de
servicios generales de la sanidad pública que se encuentran en situación parecida, como
son celadores, administrativos, lavanderas y pinches.
En
el caso de los celadores, han explicado que "se están perdiendo funciones y
contratando empresas externas para realizar esta labor". En los últimos
centros de atención primaria que se han inaugurado en Málaga "se ha
privatizado el servicio de administración". También "se han privatizado" las lavanderías
en las provincias de Cádiz y Málaga y las cocinas de varios hospitales. El
servicio de seguridad y vigilancia y catering también está contratado con
empresas privadas desde hace años. Todo ello, junto a la derivación de
servicios sanitarios a hospitales privados.
En
realidad, nada nuevo bajo el sol de Andalucía, donde la empresa más grande de
España, con 270.000 trabajadores en nómina, según los últimos datos ofrecidos en
el Parlamento por la consejera de Hacienda y Función Pública, María Jesús
Montero, no cesa en su carrera
desenfrenada hacia la privatización y externalización de los servicios públicos
con la consiguiente pérdida de derechos de trabajadores y ciudadanía en
general.
