Un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha
detectado un
sinfín de irregularidades de todo tipo en la contratación pública de la Junta
de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, y sus
entidades vinculadas.
Desde baremaciones
ilógicas de los requisitos de las empresas candidatas
hasta aspirantes que presentan sus ofertas fuera de plazo y no son descartados
por ello, pasando por contratistas que concurren con una «deficiente
presentación del programa de trabajo y redacción de la propuesta con errores
ortográficos y de concordancia sintáctica», todo ello «con lenguaje no
igualitario», a pesar de que pretenden ser contratados por el Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM). Y tampoco son apartados de la licitación pública.
No sólo hay incidencias más o menos llamativas de empresas
particulares, sino que los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía han
extraído demoledoras
conclusiones de la muestra analizada, que incluye 296
contratos por valor de 200.118.250 euros correspondientes al año 2013, cuando
la Junta -presidida por José Antonio Griñán de enero a agosto y por Susana Díaz
desde septiembre a diciembre- adjudicó un total de 74.037 contratos por valor
de 1.802 millones de euros.
Nada menos que en el 64,37% de los procedimientos abiertos
analizados, la Junta de Andalucía no
define en los pliegos de cláusulas administrativas los criterios que
va a utilizar en la adjudicación del contrato. «Los criterios de adjudicación
son un aspecto fundamental para el cumplimiento de los principios comunitarios
de la contratación pública», avisa la Cámara de Cuentas en el informe
Fiscalización de la contratación pública de la Administración de la Junta y sus
entidades vinculadas durante 2013.
