El proceso de desmantelamiento de la Administración
Mientras la Junta de Andalucía reduce personal de la Administración General -personal que trabaja para las Consejerías y sus Organismos Autónomos- su administración paralela no ha dejado de crecer estos últimos años con una clara intención clientelar y con otra descarada de que las potestades públicas pasaran a esta administración paralela.
Así nace el espíritu de la Ley 1/2011, con la idea de darle cobertura legal a esta administración paralela. Pero esto no es sino el fin de un proceso de años con el que la Junta ha venido obviando a su propia administración nacida del 28-F -ese que tanto demandan ahora por la asimetría de las autonomías- a favor de una clara huida del derecho administrativo y de las potestades públicas. Olvidando las relaciones de puestos de trabajo en las Consejerías a favor de contratos laborales de las empresas, entes y fundaciones mal llamadas públicas. Así luego saltan los casos escandalosos en los que han gestionado dinero público como el caso de los ERE.
Una ley -precedida de un Decreto- que cuela por la puerta de atrás a más de 30.000 trabajadores de todos los entes instrumentales como empleados públicos, sin haber realizado una sola prueba de acceso a la Administración reguladas en la Ley 6/1985 de Función Pública de la Junta de Andalucía. Y ha obligado a los funcionarios de la Junta de Andalucía a iniciar toda una guerra sin cuartel en la calle, en los puestos de trabajo y en los juzgados, que no ha parado hasta la fecha.
La aprobación del Decreto y de esta Ley significó que toda la Administración de la Junta se levantara contra el régimen e iniciara una rebelión sin precedentes en pleno corazón de la Junta de Andalucía, y se castigara en las urnas sindicales, fundamentalmente a UGT y a CC.OO. Los funcionarios de la Junta de Andalucía dieron una lección a toda la sociedad andaluza al expulsar de los órganos de representación -Mesa Sectorial de negociación- a los dos sindicatos que apoyaron el decretazo y que eran los bastones de los que Chaves, Griñán y la Junta de Andalucía se han servido para gobernar desde la llegada de la Autonomía, especialmente desde los Acuerdos de Concertación, con el objetivo de desmovilizar a toda la sociedad civil andaluza, y dotar a los firmantes de un riego continuado de subvenciones.
Las cifras de reducción de funcionarios y personal laboral
En medio de todo esto, la Junta procede a ir eliminando paulatinamente a su propio personal de la Administración General en beneficio de “la otra” administración paralela. Así, con los datos aportados en los propios presupuestos de la Junta de Andalucía en 2012 había 24.565 efectivos de personal laboral y 24.814 funcionarios, 49.379 en total. En 2016 se pasa a 22.627 empleados laborales y a 22.240 funcionarios, 44.867 efectivos en total. Lo que nos da una cifra total de pérdida de personal en tan solo 4 años de 4.512 efectivos, correspondiendo 1.938 a personal laboral y 2.574 a personal funcionario. Una auténtica sangría de la que no tenemos noticia de denuncia por parte de un solo sindicato representativo.
La reducción por grupos producida, en el ámbito del personal laboral, se han producido: en el grupo II, que pasa de 2.265 efectivos en 2012 a 2.223 en 2016; en el grupo IV, que pasa de 3.936 efectivos en 2.012 a 3.422 en 2.016, y, sobre todo, en el grupo V, que pasa de 11.051 en 2.012 a 10.100 efectivos en 2016. Nada menos que 951 efectivos en este último grupo.
Entre el personal funcionario las mayores reducciones se dan en los grupos: A1, que pasa de 8.054 efectivos en 2.012 a 7.104 efectivos en 2.016, nada menos que 950 plazas que se volatilizan; A2, que pasa de 4.010 efectivos en 2.012 a 3.686 efectivos en 2.016; C2, que pasa de 8.752 en 2.012 a 8.222 en 2.016 y, finalmente, en el grupo C1, que pasa de 3.825 efectivos en 2.012 a 3.143 en 2.016.
El costo de la Administración paralela
En 2016 la propia Consejería de Hacienda y Administración Pública no tenía aun contabilizado a todo este personal. Y hasta la fecha la propia Junta no ha dado nunca ni explicaciones ni números de la composición exacta del mismo. De nada ha servido la tan vendida reorganización del sector público andaluz.
Esta administración está compuesta por casi cien entes instrumentales, entre ellos 28 sociedades mercantiles, 25 consorcios, 19 fundaciones, 18 agencias empresariales y 3 agencias de régimen especial, cercana a 30.000 empleados. Sin embargo, fuentes sindicales la elevarían a cerca de 35.000 contratados, ya que los censos electorales de las propias elecciones sindicales delatarían el número exacto.
La propia Consejera de Economía la Junta de Andalucía reconoció que gastará 3.041 millones de euros este año en sostener la estructura de las agencias administrativas, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás organismos que componen la denominada administración paralela. El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía destina en 2016 en torno a 90 millones de euros más que el año anterior al entramado público andaluz.
Pero en las cuentas de la consejera faltaban datos. Así, mientras en los presupuestos de 2015 se recogía el costo de esta administración paralela entre transferencias de financiación y gastos de explotación en una cantidad de 6.839 millones de euros, sin embargo, en 2016 esta cifra asciende hasta los 6.935 millones de euros. Es decir, que cuesta 96 millones de euros más a los bolsillos de los andaluces, y no 90 como nos vendió en la presentación de los presupuestos 2016.
Artículo de Antonio Barreda publicado en EL DEMÓCRATA LIBERAL
