Las 166.620
denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) suponen
la cifra anual más alta desde que se contabilizan estos datos por el Consejo
General del Poder Judicial. En total han sido presentadas 23.367 denuncias más
que en 2016, 456 denuncias diarias, lo que supone un aumento del 16,4%. En 2016
el aumento fue del 10,6%.
Hay que tener
en cuenta también los procedimientos relacionados con la violencia de género
registrados en los Juzgados de lo Penal y en las Audiencias Provinciales:
§
Juzgados de lo Penal: 30.159, un 4,3%
respecto de 2016.
§
Audiencias Provinciales: 405 que supone
un aumento del 16% respecto de 2016.
Una de las
cifras que más preocupa es el aumento de menores enjuiciados por violencia de
género, que ha aumentado en un 50%, pasando de 179 en 2016 a 266 menores en
2017.
De todas las
denuncias recibidas en los JVM siete de cada diez fueron presentadas por la
propia víctima, directamente en el Juzgado o a través de atestados policiales.
Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en algo más del
15% de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la
víctima alcanzó un porcentaje ligeramente superior al 2% del total.
En cuanto al
número de víctimas de violencia de género sumaron 158.217 mujeres, lo que
supone un aumento del 17,7%, respecto de 2016.
Los asuntos
enjuiciados en los JVM como delitos leves o faltas, son principalmente los
casos de injurias con el 45% y las vejaciones injustas con el 36%. En cuanto al
tipo de delitos, las lesiones (art. 153 y 176 CP) representan más del 67% de
los mismos, seguidos por los delitos contra la libertad ( 7,1%). El número de
personas que han pasado por los JVM como enjuiciadas ha sido de 20.059, lo que
supone 671 personas más que el año 2016, un aumento del 3,4%. El porcentaje de
condenas del total de personas enjuiciadas aumento un 1,8%, siendo de 83,7%,
frente al 81,9% de 2016.
En 2017
volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por
los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género
(JVM, Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial). Frente al 62,6% de
condenas que se produjeron en 2015, y el 66,2% de 2016, el pasado año el
porcentaje se ha situado en el 67,4 por ciento, lo que supone un aumento de 1,2
puntos.
El mito de
las denuncias falsas se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes de
algunas asociaciones que afirman que las mujeres lo hacen solo para
beneficiarse en los procesos judiciales, desviando con ello la atención y
relativizando la gravedad del problema, convirtiendo una mínima y excepcional
realidad en la norma.
En cuanto a
los asuntos civiles que se han visto en los JVM, se sigue manteniendo la baja
proporción de asuntos civiles respeto a las denuncias penales presentadas, ya
que en total fueron 15.574 asuntos; en solo 9 de cada 100 denuncias se solicita
alguna medida civil, como puede ser el divorcio contencioso, la guardia,
custodia o alimentos de hijos/as.
Por
Comunidades Autónomas, Baleares, Murcia ,Valencia y Canarias superan la media
nacional en cuanto a tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada
10.000 mujeres, con cifras por encima del 84%, siendo Castilla-León y Galicia
las que tienen una menor tasa con una ratio del 42%.
Las órdenes
de protección adoptadas sumaron un total de 26.044, lo que supone 1.677 más que
en 2016, por lo que han aumentado un 3,4%. Debemos recordar la importancia de
valorar el riesgo y los huecos que siguen quedando en algunas situaciones por
falta de medios que dejan a las mujeres desprotegidas en momentos que son
cruciales y marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
El centro de
trabajo debe convertirse en un lugar seguro para las víctimas de violencia de
género. Está demostrado que este tipo de violencia implica un control
coercitivo que conduce a las mujeres que la soportan a bajas por las agresiones
físicas o psicológicas, situaciones que se suelen achacar a otros problemas, y
que hacen que la mujer llegue incluso a ser despedida o tener que abandonar su
trabajo.
La
negociación colectiva es fundamental para conseguir medidas que hagan del
trabajo un lugar seguro y de confianza que permita sacar a la luz estas
situaciones. Por ello es necesario tener presente en las negociaciones a todos
los niveles la lucha contra la violencia sobre las mujeres, intentando siempre
mejorar la normativa.
Por parte de
USO seguiremos impulsando campañas contra la violencia de género y negociando
en las empresas a través de acuerdos o planes de igualdad medidas para mejorar
la situación de las mujeres que sufren esta lacra social, mejorando el Estatuto
y haciendo que el trabajo sea un lugar libre de violencia. De igual forma, continuaremos
asesorando a todas las mujeres en nuestras sedes de las medidas acordadas
y haciendo nuestro trabajo de control y denuncia ante la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de situaciones injustas que puedan sufrir las víctimas de
violencia de género en los centros de trabajo. También, desde nuestro sindicato
promoveremos la mejora de las medidas legales y aportando nuevas como
el uso del teletrabajo en aquellos casos de violencia de género en que sea
posible y solicitado por la propia víctima, particularmente en el ámbito de las
Administraciones Públicas.
Debemos recordar que USO es el único
sindicato estatal con CRS, herramienta que se ha puesto a disposición
también de las afiliadas que sufren o han sufrido ataques machistas. En nuestro
reglamento están especificadas las bases para la solicitud, deseando que
ninguna de nuestras afiliadas la necesite ni ahora ni en un futuro, pero para
que tengan la seguridad de una red en el caso de que la prevención falle.
El año pasado
fueron asesinadas 49 mujeres, en estos dos meses y medio de 2018, han sido 4
las mujeres asesinadas por violencia de género. Paremos esta lacra social
¡YA!