- Mientras anunciaba la reducción drástica de fondos para formación, la Agencia Sanitaria Poniente pagó masters y cursos a sus directivos y cargos intermedios al tiempo que redujo drásticamente la formación al resto de personal.
- También abonó dietas de hasta 800 euros a los jefes que tuvieron que desplazarse a distintas ciudades de España donde se desarrollaban los seminarios.
- Defiendo mi derecho
CAMPAÑA CONTRA FRAUDE LEY ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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lunes, 25 de enero de 2016
Junta de Andalucía. Directivos sanitarios cobran hasta 800 euros en dietas por impartir un curso.
martes, 17 de noviembre de 2015
Un funcionario andaluz denuncia a Susana Díaz por incumplir un compromiso electoral
El funcionario de la Junta José Rodríguez interpuso este viernes la anunciada demanda contra la presidenta del Ejecutivo andaluz en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lesión del derecho fundamental de petición. Como viene informando EL MUNDO, amparándose en el derecho de petición -un derecho fundamental recogido en la Constitución-este funcionario remitió una carta a Díaz en la que la emplazaba a iniciar los «trámites legales oportunos» para elevar a rango de ley el compromiso que adquirió de limitar los puestos de libre libre designación, más conocidos como a dedo.
Durante su investidura, Susana Díaz se comprometió a materializar durante esta legislatura 70 medidas de regeneración democrática entre las que estaba la «limitación de los cargos de libre designación a nivel 30: subdirector general. A todos los puestos por debajo de ese nivel se accederá mediante oposición pública y transparente». Sin embargo, nada se ha hecho todavía ni tampoco Díaz ha contestado al derecho de petición del funcionario. Al haber transcurrido los tres meses que tenía de plazo para responder, Rodríguez ha demandado la lesión de su derecho fundamental de petición.
lunes, 30 de marzo de 2015
El TSJA investiga si la Junta legisla para saltarse controles
Funcionarios recurren el decreto que da más competencias a la agencia IDEA
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está investigando si el Gobierno andaluz está legislando para saltarse los controles, a pesar de que alardea de lo contrario.
El TSJA está ya analizando la demanda interpuesta por la asociación de funcionarios de la Junta de Andalucía Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública contra el decreto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige el consejero en funciones José Sánchez Maldonado, que modifica los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Según se argumenta en la denuncia, se están dictando normas que están traspasando competencias clave a agencias públicas, donde los controles son mucho más laxos que en una consejería.
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