Extracto del artículo del funcionario de la Junta de Andalucía, Luis Escribano, publicado en el diario digital El Demócrata Liberal.
En el presente artículo se muestran determinadas claves y
hechos incuestionables que, a mi juicio, dejan en evidencia las torcidas
actuaciones del TSJA y del CGPJ (me pregunto si orquestadas desde el poder
ejecutivo), las cuales responden a motivaciones que se alejan absolutamente del
interés general. Por mucho que el TSJA haya intentado “vestir de seda” su
desviado comportamiento, amparado por un CGPJ politizado y parcial, no puede
ocultarse la desnudez y crudeza de la verdad. Si ustedes tenían sospechas con
lo ocurrido, al terminar de leer el presente artículo las convertirán en
certezas.
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1) el TSJA y el CGPJ se han separado del criterio
mantenido en todas sus decisiones anteriores a la hora de reforzar el Juzgado
Nº 6 que instruye el caso ERE, entre otras macrocausas que se tramitan en el
mismo;
2) las circunstancias que rodean la llegada al Juzgado Nº
6 de la Magistrada Núñez Bolaños, así como el desconocimiento absoluto de ésta
de las macrocausas y su falta de experiencia procesal penal (lleva 11 años en
un Juzgado de Familia, y antes cierto periodo en un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo), lo cual aumenta el riesgo de que cometa graves
errores procesales que evite la condena de los culpables, además de retrasar
considerablemente las instrucciones penales, con el riesgo de la posible
prescripción de delitos;
3) en Andalucía, todas las ayudas concedidas en los ERE,
así como las concedidas en la formación para el empleo, podrían ser ilegales
por su inconstitucionalidad, lo cual apuntó la Magistrada Alaya, haciendo
temblar los cimientos de muchas instituciones, públicas y privadas, estando
implicados organizaciones empresariales, sindicatos y miembros de los Gobiernos
andaluz y nacional;
4) la Magistrada Alaya ha imputado a miembros de bufetes
de abogados relacionados con políticos, y reclamó más de una vez las
actuaciones emprendidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
del Ministerio de Hacienda (ahora de Economía) en el caso Mercasevilla, contra
una empresa auditora de prestigio;
5) están en juego la credibilidad de los gobiernos de
Andalucía y España ante la UE y otras instituciones, así como la seguridad
jurídica en este país.
El pasado martes 13 de octubre, se publica en la web
del CGPJ un comunicado con el siguiente titular: “El TSJA propone que la
comisión de servicio en instrucción 6 de Sevilla continúe con un
magistrado. Por unanimidad, acuerda que el magistrado comisionado quede
plenamente integrado en la tramitación de las macrocausas”.
La Sala de Gobierno del TSJA acordó, por unanimidad,
elevar al CGPJ el informe solicitado por el mismo. En el informe, tras diversas
valoraciones previas, se acuerda someter a la consideración del CGPJ que la
medida de apoyo judicial quede limitada a la comisión de servicio que ya
viene desarrollando un Magistrado, que quedará integrado plenamente en el
refuerzo para la tramitación de las Diligencias Previas 174/11, 545/14 y 966/13
(casos ERE, avales y préstamos concedidos por la Agencia IDEA y cursos de formación
para el empleo). Todo ello, sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de
colaboración futura. Entiende el TSJA que el plan de refuerzo inicialmente
diseñado para el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla es conveniente,
pero debe variar por “las especiales circunstancias que
concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo Acuerdo de 23
de junio”.
Si analizamos los antecedentes de los distintos acuerdos
adoptados por el CGPJ respecto a las propuestas formuladas por el TSJA para
reforzar el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, cuyo titular desde que se
inició el caso Mercasevilla y el caso Betis fue la
Magistrada Mercedes Alaya, nos encontramos con un elemento común: era
necesario el refuerzo de jueces y demás funcionarios ante el número de
casos complejos que se habían acumulado en dicho Juzgado.
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¿Entienden ahora la repercusión que puede tener este
asunto? La Magistrada Alaya lo apuntó en uno de sus Autos, incluso
solicitó a la Intervención General de la Administración del Estado que
informara sobre ello. En el caso de los ERE, la Junta de Andalucía presentó
un recurso contra un Auto de 22 de octubre de 2014 de la Magistrada
Alaya, en las Diligencias Previas 174/2011, sobre la Faja pirítica de Huelva.
Según dicho documento, el auto recurrido señala en su parte dispositiva que“Requiérase
a la Junta de Andalucía a través de su representación procesal para que aporte
en el plazo de diez días los actos de las reuniones de la Comisión General de
Viceconsejeros (Consejillos) desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012,
así como las convocatorias internas y orden del día que hubiera.” Igualmente,
se subraya y se pone en negrilla, en el documento del recurso, parte del texto
del auto en el que se indicaba la fundamentación de esta petición de la jueza
Alaya, que consistía en conocer “si en dichos actos se recogen extremos que
pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas
instancias de la Junta de Andalucía de la indiciaria vulneración de la
competencia del Estado en la concesión de tales subvenciones de naturaleza
laboral…”.
He aquí la clave: la Magistrada Alaya metió el dedo en la
llaga de un tema muy espinoso.
¿Se imaginan que ocurriría si se declarasen ilegales todas las
ayudas concedidas a las empresas por la Junta de Andalucía? Si hubo fondos
europeos por medio, implicaría que la UE obligaría a descertificar esas ayudas,
y tendría que hacerse cargo la Comunidad andaluza con sus presupuestos propios
de todas esas ayudas….y hablamos de ¡¡miles de millones de euros!! Y
si se otorgaron ayudas con fondos propios de la Comunidad Autónoma andaluza,
igualmente habría que iniciar expedientes de revisión de oficio para
anular las concesiones de la ayudas y exigir a las empresas la devolución de
los importes concedidos.
La consecuencia inmediata de ello sería que dichas
empresa podrían solicitar a la Junta la correspondiente indemnización mediante
una reclamación patrimonial vía administrativa, por mal funcionamiento de los
servicios públicos. Y la Administración podría recuperar ese dinero
incoando a las autoridades y funcionarios responsables de este desaguisado los
correspondientes expedientes de responsabilidad patrimonial personal.
¿Entienden la resistencia de los políticos –y su extensión de la Administración
de Justicia- a que no ocurra nada de esto?
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La Magistrada Alaya ha efectuado su trabajo con seriedad,
sin circo mediático que tanto gusta a algunos, y ha conseguido poner en solfa
los estamentos de todo un Gobierno, el del Régimen andaluz, el de la corrupción
por antonomasia. Le ha costado ser apartada de las macrocausas, como suele
pasar a los que trabajamos con rigor técnico y no bailamos al son de los
políticos. Pero mayor será el coste para su sustituta si se aparta un milímetro
de la legalidad, y si no al tiempo.
Los corruptos han conseguido que el poder judicial quede
moribundo, y la Justicia aniquilada, pero no han podido derrumbar a la
Magistrada Alaya, que seguirá su labor en la Audiencia Provincial de Sevilla,
resolviendo recursos interpuestos contra resoluciones de los Juzgados….allí,
muchos corruptos se la volverán a encontrar.
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