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Zarrías tampoco declarará por los ERE y denuncia el 'paseíllo':   El ex consejero de la Junta, Gaspar Zarrías,  denuncia el 'perjuicio innecesario' por el que ya pasaron Chaves y Griñán.

Procesan a tres ex directores de Trabajo por los contratos 'fantasma'...:  Una juez considera que al menos 44 trabajadores del círculo de 'amigos y familiares' de Guerrero fueron contratados por la empresa UMAX.

Los más de 2.000 de la Junta paralela: Los empleados de agencias que trabajan para la administración autonómica cada vez se aproximan más al número de funcionarios sin que salgan ofertas de empleo público.

El POT de la Janda preveía construir 7.692 viviendas y 8.290...:  Ecologistas en Acción carga contra la Junta por considerarla responsable de promover una 'especulación urbanística' que pretendía crear '19 nuevas ciudades en la comarca'.

Cae el techo de un baño en el colegio Nuestra Señora de La Oliva...: El suceso no ha dejado ningún herido. El alcalde de Vejer anuncia que tomará las riendas de las obras necesaria aunque sea sin ayuda de la Junta.

El ex gerente de Faffe dice que su función en la formación con...: El ex gerente de Faffe dice que su función en la formación con los ex de Delphi se limitó a la ejecución técnica. . Los partidos de la oposición lamentan que, después de tres comparecientes de Faffe, 'nadie supiera nada' sobre Delphi

El Congreso urge a acometer un plan de inversión en Navantia:  También pide incorporar nuevas actividades como las energías renovables y el desguace de barcos.

Un empresario advierte de la falta de control y de concurrencia...:  El presidente de Affoaan indica que en los últimos años no había apenas inspecciones y que si hubieran ido a controlarlos 'se habrían llevado muchas sorpresas'. Caso fraude cursos de formación.  Funcionarios denuncian a la Junta ante la Inspección por la extra

http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/03/28/56f84378268e3ef6038b4579.html

El SAE absorbe ahora a trabajadores de la extinta Faffe que han estado liberados como sindicalistas de UGT

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no solo absorbe consorcios de formación endeudados y con millonarias subvenciones sin justificar. El Servicio Andaluz de Empleo se ha convertido en un auténtico cajón de sastre al que llegan ahora, además, los trabajadores vinculados a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que se encontraban liberados para ejercer labores sindicales. 

La polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía, una suerte de administración paralela creada por el Ejecutivo andaluz y alimentada con fondos públicos, llegó a acumular más de un millar de empleados que fueron contratados sin necesidad de ningún tipo de prueba ni control como los exigidos para el personal dedicado a la función pública.

Los contratos a dedo en la Faffe fueron usados para dar trabajo a multitud de familiares de cargos políticos del PSOE, así como a dirigentes de los principales sindicatos, lo que sirvió a la Junta de Andalucía para evitar problemas con las centrales sindicales. 

El caso es que los trabajadores de la Faffe no fueron despedidos al extinguirse la federación, en el año 2011, sino que pasaron directamente a depender del SAE, donde son conocidos entre sus compañeros como los fafitos. Al no tratarse de personal funcionario, estos empleados no pueden realizar la mayoría de las funciones que se desempeñan en el SAE, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público. El resultado es que este organismo tiene en la actualidad un exceso de personal desocupado en muchas de sus oficinas, lo que deriva en un creciente malestar entre los funcionarios, que ven cómo en muchos casos estas personas perciben salarios más altos que ellos, y no resuelven el trabajo diario, ya que ni siquiera están autorizados a utilizar las bases de datos, según refieren fuentes del propio SAE.

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Funcionarios recurren el plan de la Junta de Andalucía para acoplar a 1.118 enchufados de la antigua FAFFE sin tareas

La pretensión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de acoplar a 1.118 empleados laborales procedentes de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que carecen de tareas específicas, ha encendido la luz de alarma en los sindicatos de funcionarios, que además de cuestionar el procedimiento temen que con la adjudicación de los trabajos se otorguen potestades públicas a un personal que legalmente no puede ejercerlas. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha anunciado que «combatirá jurídicamente» tanto el método como las convocatorias que se hagan a su amparo, como ya se ha hecho con los recursos presentados en Sevilla y Cádiz.

A principios de febrero ABC desveló que el SAE tiene en nómina a 1.118 trabajadores de la extinta Faffe que carecen de funciones definidas, según había reconocido José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, departamento al que está adscrito aquel organismo.

Con posterioridad se publicó que el propio director gerente del SAE, Julio Coca, había firmado una instrucción para dar cobertura de forma provisional, por razones de urgencia u oportunidad, determinadas necesidades de plantilla con personal laboral. En principio se ha comenzado por un grupo de trabajadores que tendrá como tarea la realización de informes.

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En el Servicio Andaluz de Empleo hay 1.118 empleados de los que no se sabe qué hacen ni cuánto cobran

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado,  ha reconocido que «no cuenta» con un catálogo donde consten estos puestos de trabajo. Es decir, carece de un documento que determine qué hacen y cuáles son los sueldos y complementos del numeroso grupo de personal integrado hace cinco años en el organismo de la Junta que gestiona los servicios destinados a los desempleados. Su integración al SAE se consumó al amparo de la ley de reordenación del sector público andaluz pero no se sabe ni qué hacen ni cuáles son sus salarios. 

El consejero Maldonado respondió el pasado 8 de enero a las parlamentarias populares, Teresa Ruiz Sillero y Patricia del Pozo, explicando que entre los ex Faffe subsisten hasta seis categorías diferentes: un directivo, nueve «mandos», 22 «mandos intermedios», 784 técnicos, 161 administrativos y 141 clasificados como personal de «apoyo». Son los 1.118 "sin papeles" administrativos. 

 

Además de estos 1.118 empleados sin tareas definidas ni remuneraciones especificadas,  la agencia cuenta con otros 1.297 trabajadores con unas funciones definidas en el catálogo de puestos de trabajo:  916 funcionarios, 73 interinos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), 286 interinos contratados con fondos europeos y 267 laborales fijos.

El número total de plazas que recoge la Relación de Puestos de Trabajo de la agencia es de 2.966 plazas, pero sólo están ocupadas 1.550, el 48 por ciento de los puestos que deberían estar destinados a ayudar a 972.228 andaluces parados a los que no se destina ninguna acción formativa desde 2011.

 

Las resoluciones del enchufismo

 

Los funcionarios y empleados públicos en número de 50.000 salieron a la calle ea finales de 2010 en una manifestación histórica en protesta por la voluntad de enchufismo de la Junta de Andalucía presidida entonces por José Antonio Griñán.  

Resumiendo, la Junta contrató durante años personal para sus entes públicos sin control y sin pruebas regladas y llegó a tener 35.000 empleados de una "administración paralela" que huía del Derecho Administrativo y le permitía la mayor discrecionalidad. 

Tras la aprobación de la normativa que permitía la incorporación de los "enchufados" a la Junta de Andalucía en calidad de empleados, perpetrada en estos últimos años, los 1.118 trabajadores de la extinta Faffe encontraron acomodo laboral en el Servicio Andaluz de Empleo gracias precisamente a la polémica Ley de Reordenación del sector público, que dio cobertura legal a la eliminación de 111 empresas públicas para agruparlas en 14 grandes agencias. 

El Gobierno andaluz, apoyado por UGT y CC:OO, se enfrentó a los sindicatos profesionales de funcionarios que intentaron en los tribunales que se derogara la normativa "enchufista"  que pretendía convertir en empleados públicos  a los miles de contratados  sin control alguno. La Faffe fue disuelta y sus más 1.500 trabajadores  - muchos de ellos amigos, familiares o ex alcaldes socialistas -, pasaron a integrarse en el SAE. La juez Alaya habló de la Faffe como "bolsa de fraude". Ahora, se sabe además, que no se sabe lo que muchos de ellos hacen y cobran.

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