En
nombre de la Federación de Empleados
públicos de la
Unión Sindical Obrera de Andalucía, realizaré una breve
exposición relativa al conjunto de trabajadores y empleados públicos de la
Junta de Andalucía, que vertebraré sobre tres pilares básicos como son los
relativos al personal de Justicia, Administración Pública y Sanidad.
En
primer lugar desde la organización a la que represento, vengo a reclamar la recuperación de todos los
derechos sustraídos a los empleados
públicos de Andalucía y unos servicios públicos de calidad. Insistimos en
este trámite parlamentario, que el presupuesto de nuestra comunidad para el año
venidero debe reflejar de manera clara y expresa, la restitución de los
salarios y derechos laborales y sociales sustraídos en los últimos cinco años, periodo en el que el Gobierno autonómico ha
maltratado reiteradamente a este personal, mientras ha seguido beneficiando a
sus altos cargos, tanto de la Administración oficial como paralela, que ha
engordado sin cesar a pesar de la crisis económica.
Este sindicato considera que, bajo
ningún concepto, sería tolerable otro año más de recortes,
máxime cuando ni tan siquiera el gobierno central ha sido tan restrictivo con
su personal y se ha venido realizando un seguidismo acrítico del mismo, pero
sólo en lo negativo, y no en lo positivo (por ejemplo la recuperación integra
de la paga extra), pudiendo haber optado por desmarcarse de dicha actitud y al
manifestarse por los últimos gobiernos andaluces que “se puede salir de la
crisis con políticas sociales”, han tenido ocasión de ponerlas en práctica y no
lo han hecho, esquivando su responsabilidad y sus competencias.
Qué estamos reivindicando
Andalucía
fue la única Comunidad
autónoma que recogió en sus presupuestos de 2014, por segundo año
consecutivo, un nuevo recorte a las
pagas extras de su personal, al igual que hizo en 2013. Eso, después del impago
de la extra íntegra de diciembre de 2012 y de cinco años consecutivos de
congelación salarial en toda España que, en total, han supuesto una pérdida de
poder adquisitivo por encima del 25 %.
FEP-USO, ante la inminente aprobación del
Presupuesto andaluz para el ejercicio 2016, persiste en exigir la inclusión de
las suficientes partidas presupuestarias que hagan posible acabar con todos los
recortes en servicios públicos aplicados en los últimos años y permitan la
devolución de todos los derechos arrebatados a los empleados públicos de la
Junta de Andalucía.
Exigimos
sin demora y con carácter general:
1.- El pago de todos los salarios no
retribuidos a los funcionarios y empleados públicos andaluces desde 2010 hasta
hoy. Especialmente, las pagas extras íntegras no cobradas en 2012, 2013 y
2014.
2.- La devolución de las ayudas de
acción social, los días de asuntos propios, la antigüedad por vacaciones y el
horario previo a las restricciones impuestas en 2012.
3.- La ampliación del 100 % de la
jornada, retribuciones y cotizaciones a los trabajadores temporales e interinos.
Y de manera
particular en cada uno de los ámbitos antes indicados…
En el ámbito de la Administración de Justicia
Estimamos
que se ha de recoger, la previsión necesaria en el capítulo de personal para
que contenga:
-
De manera inmediata, en materia de
personal, si se puede en el presente y si no, en el primer mes del año próximo,
la RESTITUCIÓN DEL
26 % DE PAGA EXTRA –segundo tramo- del año 2012, QUE YA HA SIDO ABONADA en
este pasado mes de Octubre a los mismos cuerpos de funcionarios judiciales que
prestan sus funciones en el Territorio Ministerio, y en otras Comunidades Autónomas.
- La ELIMINACIÓN del retraso de TRES
MESES en la cobertura de las BAJAS POR ENFERMEDAD que se viene aplicando desde 2013, y que supone un injustificable agravio hacia
el personal de Justicia de Andalucía,
siendo además nuestra comunidad la que soporta una mayor carga de
trabajo por funcionario de todo el Estado,
según datos del propio C.G.P.J. Tanto en el territorio Ministerio, como
en otras comunidades autónomas con competencias transferidas donde se ha
regulado esta materia (Cataluña, Aragón,
Cantabria) la cobertura de las bajas por
enfermedad se realiza en el plazo máximo de UN MES, tal y como se hacía en Andalucía antes de
2013.
- AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE
ENFERMEDADES EXENTAS DE DESCUENTO durante la I.T.: Desde
que en 2012 se dictara por el Gobierno Central la reaccionaria regulación que
imponía un importante recorte de nuestros salarios durante los 20 primeros días
de baja laboral en la practica totalidad de las enfermedades, han sido varias las Comunidades Autónomas
que han ampliado el catálogo de enfermedades exentas de descuento, entre ellas Canarias, Aragón, Navarra, etc.
Desde USO y su SINDICATO PROFESIONAL DE JUSTICIA, le
solicitamos que en Andalucía se siga este mismo camino para humanizar y hacer
más justa y social esta regulación y así evitar que supuestos que nada tienen
que ver con el absentismo laboral (como
enfermedades infecto-contagiosas, fracturas óseas, cardiopatías isquémicas, etc.) conlleven la
pérdida de casi un tercio de nuestras retribuciones mensuales.
- La DOTACIÓN PRESUPUESTARIA de la RPT de los Cuerpos Generales de
Justicia que desde el año 2003 sigue sin haberse aprobado, acumulando casi
13 años de retraso.
- MEJORA DE LA ACTUAL REGULACIÓN DE JORNADA Y HORARIO, que permita una mejor conciliación de la vida
laboral y familiar.
- CREACIÓN DE PLAZAS DE TODOS LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES, RECOGIDOS
EN LAS MEMORIAS DEL TSJA Y FISCALIA SUPERIOR, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE NUEVAS
UNIDADES JUDICIALES.
- RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIAL DIFICULTAD Y PENOSIDAD QUE CONLLEVAN
algunos destinos, como es el caso de los
JUZGADOS DE LO PENAL, MERCANTILES, DE PRIMERA INSTANCIA.
En estructuras:
- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA SUFICIENTE para los edificios
judiciales, que deben estar adaptados al servicio que se realiza en ellos y
reunir las condiciones óptimas y de calidad de un centro de trabajo adecuado
para sus funcionarios
- Apuesta por medios
informáticos eficientes y realmente operativos, reposición completa de efectivos
-tanto de los fijos, por medio de las Ofertas de Empleo, como los temporales-,
a través de la cobertura inmediata de las plazas provisionalmente vacantes a
través de los mecanismos de provisión de éstas.
En el ámbito de la
Administración General de la Junta de Andalucía
Vengo a
interesar se recoja en el presupuesto, además de lo antedicho:
1.- El pago a la Seguridad social del
100 % de las cotizaciones indebidamente
satisfechas respecto al personal laboral fijo y funcionario.
2.- Ofertas de Empleo Público, que duermen el sueño de los justos desde hace casi una década en ciertas
categorías profesionales y niveles funcionariales.
3.- Puesta al día en la convocatoria
de concursos de promoción, traslados y demás procesos laborales.
4.-
Actualización de las RPTs para adecuar la oferta de empleo público a las necesidades reales de
servicios públicos que demanda la ciudadanía andaluza.
5.-
Negociación con todos los representantes sindicales del VII Convenio
Colectivo del Personal Laboral, también
acorde a la realidad actual de la sociedad andaluza y a las demandas que exige de
una Administración moderna, eficaz y transparente.
6.- Implantación de una política de
Salud Laboral, prevención y formación ágil,
eficiente y ajustada, asimismo, a las necesidades reales de los trabajadores.
7.- La eliminación del agravio
comparativo que supone el trato privilegiado
que se presta desde el Gobierno andaluz a las élites de las denominadas
agencias o empresas público-empresariales que engloban el enorme conglomerado
instrumental paralelo-clientelar. Hablamos de salarios por encima de la
presidenta de la Junta, el disfrute de mutuas de prevención, planes de
pensiones privados, nepotismo
generalizado en el acceso y el uso de recursos públicos sin control, entre
otros beneficios.
En el ámbito del Sector
de Sanidad
Nos mostramos en CONTRA DEL DESMANTELAMIENTO DEL
MANTENIMIENTO PÚBLICO DEL
S.A.S Y DEL DESAHUCIO DE SUS TRABAJADORES,
reclamamos por ende para este ejercicio
presupuestario:
1.- El gobierno andaluz proclama la defensa de la
sanidad pública pero la realidad demuestra todo lo contrario. Uno de los
colectivos que más sufren este desahucio, es el de los trabajadores del
mantenimiento público hospitalario. Por ello ha de preverse que se cubran las
jubilaciones de su personal y se dé
marcha atrás en la privatización de sus
funciones, sin que se haya demostrado en aquellos servicios que se han
externalizado que suponga un ahorro para el contribuyente.
2.- Previsión presupuestaria para que no se
privatice el mantenimiento de las camas hospitalarias, electromedicina,
calefacción, telefonía, televisión, jardinería, maquinarias de cocina y
esterilización, etc.
3.- Por otro lado, a los profesionales
especialistas, se les adecúen los requisitos académicos al personal que
actualmente presta sus servicios, de modo que se permita su continuidad y se
pueda aprovechar su experiencia laboral en los hospitales
4.- Se contenga la dotación presupuestaria
suficiente para abordar el equipamiento de Hospitales como el nuevo
Hospital Clínico de Granada en el Campus de la Salud.
Agradeciéndoles la atención
recibida.
Javier
Toro. Portavoz de la FEP-USO de Andalucía
