El
escándalo de los cursos de formación de la Junta de Andalucía ha
supuesto que 250.000 en Andalucía no hayan podido acceder a cursos y la pérdida
de partidas millonarias de fondos europeos destinados a este fin entre 2012 y
2015. La denuncia ha partido de los técnicos de Formación para el Empleo
(FPE), muchos de los cuales han tenido que prestar declaración ante la Policía, resultando incluso imputados en
algunos casos, pese a, según ellos, no tener ninguna capacidad ejecutiva.
Esta
situación ha generado malestar entre el colectivo, que se suma a la parálisis de los servicios
de formación durante el periodo en que
han dependido de Educación. En la actual legislatura, la competencia se ha
transferido nuevamente a la Consejería de Empleo, desde donde se anuncia la
puesta en marcha de nuevo de estas políticas activas de empleo. Sin embargo, la
consecución de fondos para este fin está por determinar, dados los antecedentes
de mal uso de las cuantiosas partidas del
presupuesto público invertido y la no determinación ni exigencia aún de responsabilidades ni por parte de la
Administración autonómica ni por parte judicial. En el Parlamento, se
constituyó una comisión de investigación el pasado mes de septiembre que aún no
dispone de la documentación necesaria para iniciar su trabajo transcurridos dos
meses desde su constitución.
Ese estado de cosas tiene que ver con tres años de traspasos de competencias,
mudanzas y continuas acusaciones de falta de control en supuestos cursos
fantasmas que ellos, en cualquier caso, no controlaban. Aseguran que los cursos
que estuvieron bajo su supervisión no presentan irregularidad alguna y se
remiten a un aplicativo informático, el Gefoc, donde estaba registrada toda la
información acerca de sus cursos. Pese a ello, temen que se quiera criminalizar
al escalón más bajo, por lo que piden a la Junta que les sufrague la defensa
jurídica en caso de llegar a juicio.
Todo este revuelo mantiene paralizados los servicios administrativos donde se
gestionan estas competencias y la formación de los alumnos. Los cursos están destinados,
mayoritariamente, a trabajadores en paro, jóvenes, mujeres y colectivos con
mayores dificultades de inserción laboral.
En
la mayoría de las provincias, están aún por nombrar los secretarios generales
de las delegaciones territoriales de la Consejería y los jefes de servicio de
Formación y Empleo, así como jefes de departamento y de sección. No hay
directrices, no hay instrucciones. Tampoco existen recursos materiales,
denuncian los técnicos, para el desarrollo de las pocas tareas que se pueden
seguir llevando a cabo.
Desde la Consejería de Empleo se asegura que se quiere reactivar la FPE, si
bien se recuerda que el traspaso de competencias se ha producido hace dos
meses, por lo que a continuación se procederá a realizar el nombramiento de mandos
y al traslado de instalaciones del personal. Además, habrá que realizar una
programación para aplicar lo que les corresponda de los 200 millones de euros
consignados por la Junta para formación de desempleados, formación continua,
consorcios escuela y escuelas taller.
La principal tarea de estos técnicos de formación en la actualidad es atender
los numerosos requerimientos de expedientes de cursos, ya que la investigación se lleva tanto en los
juzgados como dentro de la propia Administración, y contando con que ya se ha
puesto en marcha la comisión de investigación sobre la Formación en el
Parlamento de Andalucía. El resultado es que la formación a los desempleados
prácticamente ha desaparecido en Andalucía durante estos tres últimos años.
"Somos unos apestados, llevamos un pedigrí tan desastroso que parece que
no nos quieren en ninguna Consejería.", lamentan los técnicos. Formación
fue separada de Empleo tras descubrirse el supuesto fraude y trasladada a
Educación, donde se fiscalizaron los cursos, en tiem,pos de Luciano Alonso, uno
a uno. O al menos eso se dijo. Ahora regresan a la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, pero no regresan a las antiguas instalaciones.
Según ellos, esto no deja de ser una "tapadera" para reajustar al
personal que fue de la Faffe (Fundación Andaluza de Fondo de Formación de
Empleo), un organismo externo y semipúblico que se desmontó después de que la
Cámara de Cuentas encontrara un agujero de cerca de 50 millones de euros. Faffe
llegó a tener hasta 1.200 empleos que fueron recolocados y el PP denunció en
numerosas ocasiones que no era otra cosa que una oficina de colocación para
gente afín al PSOE. El pasado jueves el Constitucional desestimó un recurso del
PP contra la ley de reorganización del sector público, bautizada por algunos
medios como ley del enchufismo, que pretendería una administración paralela y
con menos control. La Faffe sería, en este sentido, un modelo de administración
paralela.
Los técnicos de formación no se meten en esa disputa pero recuerdan que los
cursos investigados en la Operación Edu en Jerez fueron gestionados durante
seis años por personal Faffe y no por ellos. Es el caso de la supervisión de
los cursos de Delphi. Aseguran que en los cursos investigados ellos no
accedieron ni a un 10% de la documentación. "El personal directivo de
Faffe mandaba mucho, pero firmaba poco", asegura un técnico. En su escrito
lo explican de la siguiente manera: "Fueron los máximos responsables de la
situación caótica en la que se encuentra la FPE por el empeño de la Junta de
poner en manos de personal externo la Formación Profesional en Andalucía
sirviendo los escasos funcionarios y laborales que entonces trabajaron en dicho Servicio de coartada
para dar apariencia de legalidad a lo actuado".
USO lamenta y denuncia esta lamentable situación de la formación en Andalucía y exige a la Junta que se recupere la actividad, mucho más en una comunidad afectada por el mayor porcentaje de paro de todo el entorno europeo y donde colectivos como jóvenes, mujeres y otros tienen tan difícil el acceso al mercado laboral por falta de especialización.
