FEP-USO vuelve a
reclamar la restitución de todos los derechos sustraídos a este colectivo y la recuperación de la calidad
de los servicios públicos
La Federación de Empleados Públicos de la Unión
Sindical Obrera en Andalucía persiste en su reclamación a
la Junta de Andalucía para que restituya todo el salario y todos los derechos
laborales y sociales sustraídos a los empleados públicos en los últimos cinco
años, periodo
en el que el Gobierno autónomo ha maltratado reiteradamente a este colectivo,
mientras ha seguido beneficiando a sus altos cargos, tanto de la Administración
oficial como paralela, que ha engordado sin cesar a pesar de la crisis
económica.
Los delegados del sindicato en la Administración autonómica consideran que, bajo ningún concepto, es tolerable otro año más de recortes, cuando ninguna otra comunidad
autónoma, ni el gobierno central han sido tan restrictivos con su personal. Mucho
menos sería explicable este agravio comparativo con el resto del Estado ante
tanto anuncio de recuperación económica y un adelanto electoral que va a
suponer a las debilitadas arcas públicas andaluzas un sobrecoste por encima de
los 10 millones de euros.
USO rechaza la reiteración de tanto anuncio
incumplido por parte del Ejecutivo de Susana Díaz y
exige que, de una vez por todas, deje de utilizar
a los trabajadores de la Administración andaluza en clave electoralista, recurriendo
a la demagogia y al chantaje, cada vez que beneficia a los cálculos políticos
del Partido socialista y, lo que es más grave aún, a los
intereses particulares de la presidente.
Qué
estamos reivindicando
Andalucía fue la única Comunidad
autónoma que recogió en sus presupuestos de 2014 y 2013 un nuevo recorte a las pagas extras de
su personal administrativo. Eso, después del impago
de la extra íntegra de diciembre de 2012 y de cinco años consecutivos de
congelación salarial en toda España que, en total, han supuesto una pérdida de
poder adquisitivo por encima del 30 %.
Ahora, en una vuelta de tuerca más, el gobierno
de Susana Díaz se resiste también a pagar el 25 % correspondiente a la extra impagada en diciembre
de 2012, que se va a abonar en todo el territorio nacional, después de las sentencias judiciales que han obligado al Gobierno de Rajoy a dar
marcha atrás a aquella medida injusta e ilegal.
El plan de ajuste económico-financiero que el Gobierno
andaluz aprobó en 2012, con la excusa de la crisis económica, ha supuesto el mayor atraco a los derechos
laborales aplicado en la Función Pública durante la actual etapa democrática. A los recortes salariales se suman la supresión de ofertas de empleo público, la paralización de los concursos internos y la supresión de todas las ayudas sociales en el ámbito de la Administración general, junto a la pérdida de miles de puestos de trabajo en los ámbitos educativo y sanitario, entre otros sectores.
Todo ello no ha revertido, como hubiera sido de justicia redistributiva para este sindicato, en una mayor atención a las necesidades de quienes peor lo están pasando, o para mantener el
Estado del Bienestar. Por el contrario, la
austeridad aplicada al sector público andaluz ha repercutido gravemente en el conjunto de la ciudadanía
andaluza, afectando a servicios básicos como
educación, sanidad, prestaciones sociales, justicia y creación de empleo.
Desprecio y ninguneo a los representantes sindicales
Esta situación se ha visto agravada por el desprecio absoluto que han demostrado los representantes políticos y altos cargos administrativos hacia los representantes sindicales, a quienes ignoran y ningunean en todo tema y ocasión, a pesar de las quejas, denuncias y continuas reivindicaciones que por parte de este sindicato se vienen planteando tanto en el ámbito regional como provincial. Esta actitud antidemocrática y falta de respeto, en suma, hacia los trabajadores, que se ha convertido en hábito durante la última legislatura, se volvió a reproducir ayer en la mesa sectorial de la Administración general, que abandonaron precipitadamente, por infructuosa y al unísono, todos los representantes sindicales a raíz de la negativa rotunda a cualquier negociación por parte de los responsables de Función Pública.
En la FEP-USO nos preguntamos si tanto castigo a los empleados públicos andaluces, en su
mayoría mileuristas, no sirve, en gran parte, para
sufragar el despilfarro en los elevados sueldos y costosos privilegios de los
que disfrutan los señores y señoras parlamentarias autonómicas, los señores y
señoras del Gobierno andaluz y los señores y señoras de la alta dirección de la
administración, tanto oficial como paralela.
Como nos tememos que así sea y, de cara a la
inminencia de la nueva legislatura, USO persistirá en exigir de manera inmediata la eliminación de todos los recortes en servicios
públicos y la devolución de todos los derechos arrebatados a los empleados
públicos de la Junta de Andalucía.
USO: La independencia y la transparencia, nuestra
razón de ser