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- Miércoles, 27 Junio 2018
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La USO considera negativo el principio de acuerdo alcanzado entre CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. "Se trata de una cuarta entrega muy parecida a la trilogía anterior, un documento más que nos ofrece el modelo de diálogo social insulso e ineficaz que padecemos, que se queda en intencional y que se engorda con ambigüedades. Cuesta creer que su contenido se haya estado negociando durante tantos meses y con tanto secretismo, y en una coyuntura, además, de crecimiento económico de los últimos años que no se ha trasladado al empleo. Un bluf", reflexiona Joaquín Pérez, secretario general de USO.
"El algodón no engaña, los tres acuerdos anteriores dan como resultado el que hoy tengamos un empleo de muy baja calidad. Los salarios y las condiciones laborales no han hecho más que empeorar y, a pesar de ello, se insiste en seguir blindando el modelo de concertación actual para no cambiar nada", continúa Joaquín Pérez.
Por ir a lo concreto, y siendo evidentemente muy positivo que se inste de manera progresiva a establecer un salario mínimo de 1.000 euros, no se entiende entonces que hace pocos meses se firmara con el gobierno anterior llegar a 850 euros para 2020 y sujeto a condiciones. "A su vez, en el marco sindical europeo, en la CES, hemos aprobado que el SMI 'no debe ser inferior a dos tercios del salario mediano del país'; es decir, el SMI debería ser de 1.146 euros en la actualidad. Donde dije digo, digo depende", considera el secretario general de USO.
"En cuanto a la subida salarial que se propone, hasta ahora los acuerdos se firmaban con topes por arriba, los famosos 'hasta 1%', contribuyendo sin duda a la pérdida de poder adquisitivo generalizada. Con una economía creciendo por encima del 3% en los últimos años, ofrecer ahora un 'en torno al 2%' es, además de insuficiente, renunciar a recuperar todo lo perdido durante estos años. 'En torno' supone un término ambiguo que, sin duda, puede llegar incluso a ser perverso", añade Joaquín Pérez.
Pero quizá lo más grave es el otro 1% que se condiciona a la productividad, a los resultados de la empresa, al absentismo y otros… algo que desnaturaliza el significado mismo de empleo y retribución, ya que compromete su recepción no a la realización del mismo, sino a factores que no dependen directamente de quien lo realiza. Se abre un melón muy peligroso.
El resto del documento utiliza términos generales: instan a las administraciones, animan a desarrollar, comparten necesidades, impulsan cosas, trasladan verbalmente otras…, o, simplemente, describen circunstancias que en la negociación colectiva en el ámbito laboral hoy en día se resuelven y se contemplan con normalidad. Es decir, muy poco o nada.
Por supuesto, la referencia a las subvenciones para formación para el empleo y su financiación suscita en el documento un gran interés, ocupando un espacio preferente en el mismo, en posición y volumen.
¿Qué se echa de menos? Pues, sin hacer un brindis al sol: que se marque una subida salarial mínima de forma clara, que no se deje al arbitrio empresarial; que se concreten medidas reales y tangibles contra el fraude laboral, contra la precarización del mercado laboral, contra la temporalidad y la parcialidad en el empleo; que se acuerden cuestiones concisas en materia de seguridad y salud laboral, y en materia de igualdad; que se garantice, mediante cláusulas, subidas salariales que aseguren que no se siga perdiendo poder de compra; que se proponga un sistema público de formación para el empleo en el que las organizaciones patronales y sindicales no gestionen los fondos; y un largo etc…
El problema es que lo llaman diálogo social y no lo es. USO lleva años demandando otro modelo de Diálogo Social, seguir con el actual sistema no hace más que condenarnos al conjunto de la ciudadanía a una sumisión frustrante de nuestras legítimas aspiraciones en defensa del empleo digno y con derechos, sin mecanismo de aplicación general que contemple compromisos obligacionales.
Hacer un papel cada tres años no es la solución: se requiere de otro desarrollo sindical y un marco realmente democrático y participativo: la promulgación de una nueva legislación sindical y en materia electoral, bajo los principios de libertad, igualdad y proporcionalidad, con iguales reglas para todos, y que se manifieste la pluralidad que hay en la sociedad en el ámbito sindical.
