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martes, 29 de marzo de 2016

El SAE absorbe ahora a trabajadores de la extinta Faffe que han estado liberados como sindicalistas de UGT

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no solo absorbe consorcios de formación endeudados y con millonarias subvenciones sin justificar. El Servicio Andaluz de Empleo se ha convertido en un auténtico cajón de sastre al que llegan ahora, además, los trabajadores vinculados a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que se encontraban liberados para ejercer labores sindicales. 

La polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía, una suerte de administración paralela creada por el Ejecutivo andaluz y alimentada con fondos públicos, llegó a acumular más de un millar de empleados que fueron contratados sin necesidad de ningún tipo de prueba ni control como los exigidos para el personal dedicado a la función pública.

Los contratos a dedo en la Faffe fueron usados para dar trabajo a multitud de familiares de cargos políticos del PSOE, así como a dirigentes de los principales sindicatos, lo que sirvió a la Junta de Andalucía para evitar problemas con las centrales sindicales. 

El caso es que los trabajadores de la Faffe no fueron despedidos al extinguirse la federación, en el año 2011, sino que pasaron directamente a depender del SAE, donde son conocidos entre sus compañeros como los fafitos. Al no tratarse de personal funcionario, estos empleados no pueden realizar la mayoría de las funciones que se desempeñan en el SAE, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público. El resultado es que este organismo tiene en la actualidad un exceso de personal desocupado en muchas de sus oficinas, lo que deriva en un creciente malestar entre los funcionarios, que ven cómo en muchos casos estas personas perciben salarios más altos que ellos, y no resuelven el trabajo diario, ya que ni siquiera están autorizados a utilizar las bases de datos, según refieren fuentes del propio SAE.







domingo, 13 de marzo de 2016

El empleado acusado en la caza de brujas de UGT: "Cocinaban día a día el desvío de las ayudas de la formación a parados"

Roberto Macías, el empleado acusado por UGT de filtrar archivos denunciadores de las

 actividades ilegales del sindicato socialista, habla en varios periódicos.


ABC: 
«UGT quiere despellejarme vivo, pero los culpables viven a cuerpo de rey»

Roberto Macías fue despedido en 2012 por UGT Andalucía. El sindicato hermano del PSOE ha pedido a un juez que lo condene a cuatro años de cárcel por la supuesta revelación de información confidencial que puso patas arriba su contabilidad. Las subvenciones de la Junta de Andalucía se convirtieron en la vía más importante de financiación irregular, según un atestado policial incorporado al sumario de la causa de las facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla. La querella contra este padre de familia, con un hijo de cuatro años y otra de nueve meses, lo ha llevado a una situación límite. 
—¿Por qué ha decidido hablar ahora?
—He roto mi silencio porque yo no tengo nada que ocultar ni que temer. Yo no he filtrado ningún documento ni he partido nunca una cerradura. He vivido tres años de silencio, en una especie de autoclausura, sufriendo por dentro. Se dice en México que los hombres no deben llorar y yo he llorado porque veo que una organización que presuntamente se financió de forma ilegal, pone en riesgo mi patrimonio y mi vida. He perdido tres años de mi vida en un calvario judicial sin sentido. He perdido mi trabajo y mis pocas posesiones. ¿Qué más quieren que pierda? ¿Mi salud, mi patrimonio, mi familia? No hay derecho a que un sindicato busque sancionar unas supuestas filtraciones que no cometí en lugar de ir de forma enérgica contra los presuntos responsables de desviar sistemáticamente dinero público a otros fines. Pero es más fácil buscar un cabeza de turco para no tener que asumir ninguna responsabilidad.
—¿Lo han utilizado entonces como cortina de humo para distraer las irregularidades del sindicato?
—Me acusan de ser el autor de las filtraciones de la contabilidad. Pretenden maquillar la caída del mito de Manuel Pastrana y el cese de Francisco Fernández. Hablamos de los dos últimos secretarios generales de UGT en Andalucía, que han tenido que dimitir por la magnitud del escándalo. Aunque yo no he tenido nada que ver, quieren que pague sus platos rotos. Es una gran mentira. Le pongo un ejemplo, entre los documentos confidenciales que dice UGT que he filtrado está el extracto de la Visa Oro asignada a Pastrana y publicada por ABC donde aparece la comida que pagó en Suráfrica el día que anunció un ERE. UGT me despidió el 28 de noviembre de 2012 y el extracto bancario no le llega hasta el 28 de diciembre. Yo ya estaba fuera. Es imposible que pudiera filtrar un documento al que no he tenido acceso.
—Cuando trabajaba en UGT, ¿le sorprendió el modo que tenía de gestionar las subvenciones o que creara botes con el dinero de los proveedores que contrataban con las ayudas?
—No me sorprendió porque el sistema ya funcionaba en el año 2006, cuando entré en el departamento de Compras de UGT Andalucía. Era una práctica normalizada, sólo que en 2006 se llamaba control de saldos.
—UGT le pide 60.000 euros por reparación de daños morales. Sin embargo, no ha exigido medidas cautelares contra exdirigentes imputados en el caso ERE, donde está personado como acusación, como Salvador Mera. También está el conseguidor Juan Lanzas.
—¿Cuántas vacas puede asar Juan Lanzas con 60.0000 euros? Me parece desproporcionado, porque UGT sólo ha reintegrado 25.500 euros a la Junta por facturas de comidas en la Feria, según dijo Susana Díaz. Esto es el mundo al revés. Me piden 60.000 euros por daño moral. De eso me parece que andan cortitos. ¿De qué moral hablamos? ¿De la de sus dirigentes en Madrid que durante años usaron las tarjetas black, o la de los que mandaban en Andalucía que utilizaron la Visa Oro. ¿A qué moral se refieren? ¿A la del líder de los mineros Fernández Villa, a la de Juan Lanzas, a la de quienes negociaron las prejubilaciones de los ERE?
—Cándido Méndez ha asegurado en el congreso de su retirada que no ha habido «ilegalidades» en los ERE. ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente?
—Que le faltó mucho valor y mano dura para atacar la presunta corrupción de su organización en muchas comunidades. Podría haber hecho mucho más.
—¿Cree que fallaron los controles en la Junta sobre las subvenciones millonarias concedidas al sindicato?
—En el control de las ayudas algo falló. Eso está clarísimo. Con un simple cambio de concepto UGT parece que le colaba la factura a la Junta. Su reacción ha sido tardía y muy tibia.
EL MUNDO: «Vi cómo se cocinaba en UGT el desvío de las ayudas», dice Roberto Macías, ex empleado de UGT-A.  
Pregunta.–¿Copió los 22.500 archivos de la contabilidad de UGT que dejan al descubierto los desmanes del sindicato, como afirman?
 
Respuesta.–No, no fui yo. Lo quiero dejar rotundamente claro. Ya lo manifesté en sede judicial.
 
P.–El sindicato pide cuatro años de cárcel y que les abone una indemnización de 60.000 euros por los daños morales.
 
R.–Es una acusación de canallas. Un despropósito sin sentido. Se consuma una injusticia. Estoy en desempleo desde hace más de tres años y para mí es muy difícil engancharme al mercado laboral porque, en cualquier entrevista, estoy aniquilado por mi paso por UGT.
 
P.–La base de la acusación es el ordenador en el que trabajó, que el sindicato analizó diez meses después de su despido. ¿Cree que le han tendido una trampa?
 
R.–Esta acusación es falsa. No se sostiene y cuando lo logre demostrar, ¿quién me va a resarcir de estos tres años de mi vida machacados? ¿Una trampa? UGT ha hecho una caza de brujas para buscar al filtrador. Quieren mi cabeza.
 
P.–¿Por qué usted?
 
R.–Me han elegido a mí como un aviso a navegantes porque había un ERE y estaban despidiendo a mucha gente del sindicato, las fundaciones... Y fue como decirles «señores, como alguien filtre información, mire lo que le va a pasar». Y me eligen a mí porque soy inmigrante, sin respaldos, sin familia. Soy la cabeza de turco perfecta.
 
P.–Es llamativo que mientras hay sospechosos de la presunta financiación irregular del sindicato que ni han ido a declarar al juzgado, usted está a punto de ser juzgado.
 
R.–Me sorprende la desigualdad. Para mí, toda la rapidez de la ley y todo el peso de una organización que quiere mi cabeza, mientras a sus imputados les siguen pagando sus defensas. Soy una gran víctima de UGT. Me he sentido maltratado, humillado, no se ha respetado mi presunción de inocencia y han intentado destruirme la vida...
 
P.–Estuvo trabajando como administrativo en Sevilla en el área de compras de UGT de Andalucía entre 2006 y 2012. ¿Qué hacía?
 
R.–Durante mucho tiempo fui secretario de Federico Fresneda [el ex tesorero de UGT-A que está imputado y fue detenido en el marco de las pesquisas que sigue el Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla por la presunta trama de las facturas falsas destapada por EL MUNDO]. Le llevaba temas de agenda y le filtraba llamadas.
 
P.–¿Fue testigo de cómo se falseaban las facturas para desviar subvenciones de la Junta?
 
R.–Sí, diariamente, era algo normalizado. Era parte de la actividad del departamento de justificaciones y compras.
 
P.–¿Y qué vio?
 
R.–Vi cómo se cocinaba en UGT ese sistema para desviar sistemáticamente ayudas de la Junta de Andalucía a través del cobro de mordidas y rápel a los proveedores a través del sistema de los botes.
 
P.–¿Y ningún empleado de UGT dio la voz de alarma?
 
R.–Si algún trabajador tomaba la iniciativa, le cortaban la mano. No se movía ningún papel sin el conocimiento de Federico. Ejercía un control férreo porque había cosas que no estaban bien y tenía que controlarlas. Nadie cuestionaba ninguna decisión u orden de Federico porque era como una ley suprema, debía ejecutarse.
 
P.–Pero no actuaría solo.
 
R.–Claro. Él le rendía cuentas a Pastrana [el ex secretario general de UGT-A, también imputado en la trama de las facturas falsas]. Cuando lo llamaba, acudía con prontitud.

P.–¿Los empleados eran conscientes de que las comilonas en la caseta de la Feria de Abril se cargaban a las subvenciones de la Junta?
 
R.–Cuando te invitan a un sitio no te cuestionas de dónde viene el dinero, pero es verdad que eran unas buenas Ferias de Abril. Nos invitaban a todos los trabajadores de UGT Andalucía y UGT Sevilla. Jamás me cuestioné el origen del dinero. Ni me lo podía imaginar.

lunes, 25 de enero de 2016

Andalucía. Últimas noticias


Susana Díaz tendrá que comparecer en la investigación del 
fraude en los cursos

PP, Podemos y C's pedirán que dé explicaciones en la comisión parlamentaria.  Los interventores declararán en la tercera semana de febrero a pesar de la oposición socialista.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, cumplirá con su palabra y no pondrá obstáculos a comparecer en la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude de los cursos de formación, que tiene en el punto de mira a varias administraciones de gobiernos socialistas. Eso sí, su participación en la comisión no será de buena gana, ya que considera que su anunciada citación por parte de PP, Podemos y Ciudadanos sólo responde a una intención de "hacer daño" a su persona y a su partido. Nunca a una voluntad de esclarecer qué ocurrió con los millones de euros que fueron gestionados de forma irregular durante años, según apuntan las diligencias previas efectuadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. 

La juez sustituta de Alaya imputa a los exconsejeros Recio y Vallejo en el caso del fraude de los ERES e implica a Ojeda y Fernández en el fraude de la formación

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado una providencia en la que ha citado a declarar el próximo 9 de febrero como imputados a los ex consejeros de Empleo e Innovación, Manuel Recio y Francisco Vallejo, respectivamente, en la pieza abierta por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, en la que están imputadas 51 personas.

En la providencia, la instructora también cita a declarar el día 11 al ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y al ex viceconsejero de Economía Jesús Salgueiro, así como a Manuel López Casero -director general de Desarrollo Tecnológico-, y a Jesús Nieto González -director de Industria de la Consejería de Empleo-.

María Núñez Bolaños, ha incoado las diligencias previas de las tres primeras piezas desgajadas de la macrocausa de los cursos de formación, piezas relativas a la actividad desarrollada por los entramados empresariales vinculados al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, así como Rafael Velázquez Sierra y José María Pérez González en relación a subvenciones de cursos de formación y contratación de los que pudieran ser penalmente responsables.

En la pieza relativa al entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de ayudas a los ex trabajadores de Delphi, por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova, y Natura) otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre 2010.

Diario de Cádiz


PP y Ciudadanos apuntan a la órbita del PSOE al barajar que declaren Velasco y López Gil 


La Audiencia rechaza la nulidad de autos dictados en la causa de Idea antes de que se imputara a un ex alto cargo


El juez declara causa de "especial complejidad" el sumario de las facturas falsas de UGT-A

La federación de sordos culpa a los impagos de la Junta del despido de 32 empleados