La Seguridad Social reclama a la Junta 1,6 millones de euros de deuda por cotizaciones irregulares de 3.000 empleados públicos de Córdoba

La dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía ha reclamado a la Junta a primeros de octubre las retenciones indebidas aplicadas en las nóminas de 3.000 empleados públicos, tanto funcionarios como laborales, en concepto de bases de cotización durante el periodo comprendido entre julio-diciembre de 2012. La cuantía reclamada suma más de 1,5 millones de euros.  

La información ha sido facilitada a la Junta de Personal Funcionario de Servicios Periféricos de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba y a los comités de empresa de las delegaciones territoriales y del Gobierno, en cumplimiento del Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad, artículo 33.1 del R.D. 928/1988.

Según la inspección realizada por la Inspección, a raíz de denuncias individuales, las retenciones indebidas estarían entre los 561 euros y los 1.829 euros por funcionario y nivel. 

Aunque se emprendan acciones colectivas por parte de los órganos de representación del personal y de las organizaciones sindicales, se recomienda a todos los trabajadores de la Administración andaluza que soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe de bases de cotización del periodo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012 y confirmen que lo cotizado entre julio y diciembre de 2012 no es inferior a la cotización de mayo de 2010. 

La medida afecta a las pensiones y prestaciones futuras por desempleo, enfermedad o  accidentes de los damnificados directos. Y, al conjunto de los españoles por las cantidades millonarias que dejan de ingresarse en la caja común de la Seguridad Social.   

Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA). Puntadas con hilo.

NI AUSTERIDAD, NI EFICIENCIA, NI EJEMPLARIDAD, NI HONRADEZ

El mejillón cebra es una especie invasora que ha proliferado en ríos y lagos de España y Norteamérica. Proviene de las cuencas de los mares Negro y Caspio y supone un grave riesgo medioambiental y, por tanto, también socioeconómico. En España, la invasión comenzó en 2001 en el embalse de Flix, desde donde se produjo una dispersión a otros pantanos de la cuenca del Ebro y otros puntos, hasta colonizar completamente esta cuenca.

Una especie entra en un ecosistema que no es el suyo, quizá por descuido de alguien, de algún responsable de política ambiental de alguna administración pública, y de repente, al no existir ningún depredador que controle su población, se expande hasta convertirse en una invasión, hasta que acaba siendo una plaga que afecta a todo ese ecosistema e, incluso, lo pone en peligro. ¿La solución? Lamentablemente, en muchos casos, una vez ocurrida la catástrofe, ya no existe solución alguna por mucho empeño que se ponga y muchas inversiones que se hagan.

Desde hace años, la Administración Pública ha sido invadida por personal externo alterando las competencias y facultades de los servidores públicos, modificando el sistema. Esa especie hasta entonces desconocida para la inmensa mayoría de nosotros se está haciendo famosa, ocupando páginas de periódicos, espacios radiofónicos e incluso gozando de momentos estelares en el gran medio, la televisión, por aquello de las denuncias por haber sido cedidos ilegalmente a la administración, consiguiendo ser de la noche a la mañana empleados públicos, con el consecuente asombro del que aprobó una oposición. Con el discurrir del tiempo, la noticia ya no es tan noticia, y esa especie ha empezado a perder protagonismo en nuestros medios de comunicación, pero el peligro que supone sigue plenamente latente pues se afianza cada vez más en la Administración Pública.

Al funcionario público se le exige un comportamiento intachable y de respeto absoluto de la legalidad, debiendo adecuar su quehacer profesional, en todo caso, a las normas que lo regulan, demandándole la sociedad una dedicación exacta y eficaz en el servicio que presta, teniendo en cuenta la concepción que se tiene hoy de la administración, que no es otra que la prestacional y teniendo como finalidad primaria y última la de proporcionar al ciudadano los servicios públicos de toda clase y en condiciones óptimas.

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