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jueves, 5 de febrero de 2015

LA JUNTA DE ANDALUCÍA PERSISTE EN SU CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

FEP-USO vuelve a reclamar la restitución de todos los derechos sustraídos  a este colectivo y la recuperación de la calidad de los servicios públicos




La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera en Andalucía persiste en su reclamación  a la Junta de Andalucía para que restituya todo el salario y todos los derechos laborales y sociales sustraídos a los empleados públicos en los últimos cinco años, periodo en el que el Gobierno autónomo ha maltratado reiteradamente a este colectivo, mientras ha seguido beneficiando a sus altos cargos, tanto de la Administración oficial como paralela, que ha engordado sin cesar a pesar de la crisis económica. 

Los delegados del sindicato en la Administración autonómica consideran que, bajo ningún concepto, es tolerable otro año más de recortes, cuando ninguna otra comunidad autónoma, ni el gobierno central han sido tan restrictivos con su personal.    Mucho menos sería explicable este agravio comparativo con el resto del Estado ante tanto anuncio de recuperación económica y un adelanto electoral que va a suponer a las debilitadas arcas públicas andaluzas un sobrecoste por encima de los 10 millones de euros.

USO rechaza la reiteración de tanto anuncio incumplido por parte del Ejecutivo de Susana Díaz  y exige que, de una vez por todas, deje de  utilizar a los trabajadores de la Administración andaluza en clave electoralista,  recurriendo a la demagogia y al chantaje, cada vez que beneficia a los cálculos políticos del Partido socialista  y, lo que es más grave aún, a los intereses particulares de la presidente.

Qué estamos reivindicando

Andalucía fue la única Comunidad autónoma que recogió en sus presupuestos de 2014 y 2013 un nuevo recorte a las pagas extras de su personal administrativo. Eso, después del impago de la extra íntegra de diciembre de 2012 y de cinco años consecutivos de congelación salarial en toda España que, en total, han supuesto una pérdida de poder adquisitivo por encima del 30 %.

Ahora, en una vuelta de tuerca más, el gobierno de Susana Díaz se resiste también a pagar el 25 % correspondiente a la extra impagada en diciembre de 2012, que se va a abonar en todo el territorio nacional, después de las sentencias judiciales que han obligado al Gobierno de Rajoy a dar marcha atrás a aquella medida injusta e ilegal. 

El plan de ajuste económico-financiero que el Gobierno andaluz aprobó en 2012, con la excusa de la crisis económica, ha supuesto el mayor atraco a los derechos laborales aplicado en la Función Pública durante la actual etapa democrática. A los recortes salariales se suman la supresión de ofertas de empleo público, la paralización de los concursos internos y la supresión de todas las ayudas sociales en el ámbito de la Administración general, junto a la pérdida de miles de puestos de trabajo en los ámbitos educativo y sanitario, entre otros sectores.    

Todo ello no ha revertido, como hubiera sido de justicia redistributiva para este sindicato, en una mayor atención a las necesidades de quienes peor lo están pasando, o para mantener el Estado del Bienestar. Por el contrario, la austeridad aplicada al sector público andaluz ha repercutido gravemente  en el conjunto de la ciudadanía andaluza, afectando a servicios básicos como educación, sanidad, prestaciones sociales,  justicia y creación de empleo. 

Desprecio y ninguneo a los representantes sindicales 

Esta situación se ha visto agravada por el desprecio absoluto que han demostrado los representantes políticos y altos cargos administrativos hacia los representantes sindicales, a quienes ignoran y ningunean en todo tema y ocasión, a pesar de las quejas, denuncias y continuas reivindicaciones que por parte de este sindicato se vienen planteando tanto en el ámbito regional como provincial.  Esta actitud antidemocrática y falta de respeto, en suma, hacia los trabajadores, que se ha convertido en hábito durante la última legislatura, se volvió a reproducir ayer  en la mesa sectorial de la Administración general, que abandonaron precipitadamente, por infructuosa y al unísono, todos los representantes sindicales a raíz de la negativa rotunda a cualquier negociación por parte de los responsables de Función Pública.     

En la FEP-USO nos preguntamos si tanto castigo a los empleados públicos andaluces,  en su mayoría mileuristas, no sirve, en gran parte,  para sufragar el despilfarro en los elevados sueldos y costosos privilegios de los que disfrutan los señores y señoras parlamentarias autonómicas, los señores y señoras del Gobierno andaluz y los señores y señoras de la alta dirección de la administración, tanto oficial como paralela.

Como nos tememos que así sea y, de cara a la inminencia de la nueva legislatura,   USO persistirá  en exigir de manera inmediata la eliminación de todos los recortes en servicios públicos y la devolución de todos los derechos arrebatados a los empleados públicos de la Junta de Andalucía.






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