Comienzan dos semanas cruciales para el devenir de más de 2,5
millones de trabajadores de la Función Pública y, por ende, también
para el Gobierno central. Y es que de cómo acabe la negociación dependerá que unos
y otros obtengan una meritoria victoria en un tema siempre espinoso como es la subida
de salario de los empleados públicos y el refuerzo de sus
plantillas.
El ministro de Hacienda reconoció la semana pasada que
incremento de salario habrá, pero con mesura porque el control del
déficit sigue mandando en el diseño del Presupuesto de 2016. También,
garantizó que se marcará un calendario plurianual para la recuperación de lo
que resta de la paga extra suprimida en 2012 y de los días de libre
disposición recortados a los funcionarios.
Los sindicatos con representación en la Función Pública
elogian el cambio de actitud mostrado por el Ejecutivo, pero advierten:
“necesitamos comprobar que no se trata de mensajes vacíos y que las propuestas
planteadas sean realistas y suficientes. De lo contrario, las tendremos muy
presentes a la hora de acudir a las urnas”.
El Ejecutivo ya ha decretado el final de la congelación
salarial para todos los empleados del sector público, pero se resiste
a desvelar la cifra que planteará en las primeras reuniones bilaterales
que se celebrarán esta semana con las distintas organizaciones sindicales.
Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda reconocen que el
incremento de sueldos se moverá en la horquilla establecida por el Acuerdo de
Negociación Colectiva suscrito por CEOE, UGT y CC OO, que recomendaba aumentos
salariales de hasta el 1% este año y el 1,5% para 2016.
Además, Hacienda prevé devolver a este colectivo el
75% de la paga extra suprimida en 2012. Todo apunta a que parte se
reintegrará a los trabajadores antes de final de este año y el resto se abonará
ya durante 2016. Desde los sindicatos califican este planteamiento como claramente
insuficiente.
