La Junta de Andalucía llega a tardar hasta tres meses
en cubrir la baja de alguno de los funcionarios que deben ausentarse por
motivos de enfermedad de su puesto de trabajo. A pesar de la presión de los profesionales
de la justicia, esta situación, afirman, está lejos de resolverse: “Este
retraso injustificado está perjudicando gravemente a los ciudadanos andaluces y
al servicio público de justicia en nuestra Comunidad Autónoma”, afirman en el
último comunicado que han remitido a los medios, en mitad de una campaña de
concienciación con la que pretenden mejorar el funcionamiento del
servicio.
Es una reivindicación que viene de lejos y que tiene
su origen en los recortes que las administraciones públicas han venido
aplicando desde el inicio de la crisis. Desde el sindicato se recuerda que el
retraso “triplica al tiempo que tardan otras comunidades autónomas,
donde estas bajas se cubren, como mucho, en el plazo de un mes desde que
se producen y así está expresamente regulado en la normativa específica de
Cataluña, Aragón, Cantabria, e incluso en el territorio que
gestiona directamente el Ministerio de Justicia por no haberse transferido aún
las competencias de Justicia.
EL
DETERIORO DE LA JUSTICIA
Eloy
Maza, delegado de SPJ-USO, explica que, hasta el año 2013, los reemplazos de
compañeros enfermos se producían en apenas un mes. Sin embargo, ” como
consecuencia del ajuste presupuestario realizado por la Junta de Andalucía”
comenzó a dilatarse la cobertura de estas plazas, lo que ha llevado a los
profesionales de justicia a encontrarse en situaciones tan complicadas como las
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Granada, donde una baja de larga
duración ha colapsado un negociado. Físicamente, el puesto de trabajo “está totalmente
desbordado de documentos, sin que ni siquiera se vea su ordenador, con unas
cien demandas por incoar (inicio del procedimiento), y unos 300 escritos por
proveer”.
Y
no es una situación aislada, añade el portavoz de USO, en otro juzgado de Santa
Fe, el órgano que además se encarga de la Violencia contra la mujer en ese
partido judicial, sufre unas condiciones similares, “se trata del segundo
órgano más sobrecargado de la provincia de Granada, y aún así se permite que un
órgano colapsado, se hunda aún más”.
Más
allá del problema a la hora de cubrir las bajas, los trabajadores de justicia
recuerdan que desde hace cinco años no se han creado órganos judiciales nuevos,
“aún aumentado exponencialmente la entrada de asuntos, y dado el período
estival de vacaciones”. Estas circunstancias conllevan una justicia lenta, unos
funcionarios desbordados, unos justiciables y administrados, olvidados y una
Administración Autonómica Andaluza, competente en esta materia, que mira hacia
otro lado”.
Ante
esta situación, el sindicato se pregunta si los gestores “son conscientes de lo
que ocurre en un negociado de un Juzgado cuando durante tres meses nadie lo
atiende, y del tiempo que hace falta para reflotarlo después”. Y la respuesta,
por el momento, es no. Y es, precisamente, lo que ha motivado a estos
trabajadores a presentar 5.122 firmas a la Consejería de Justicia en un intento
de exponer estas carencias e impeler a la administración a que solvente estos
problemas, aún más hondos en verano.
