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jueves, 10 de diciembre de 2015

USO denuncia que el Presupuesto andaluz para 2016 no permite recuperar la calidad de los servicios públicos ni los derechos perdidos por los trabajadores de la Junta


La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera, FEP-USO Andalucía, denuncia que el Presupuesto andaluz para 2016 no recoja las principales peticiones planteadas por esta organización sindical ante la Comisión parlamentaria de Hacienda.


Las cuentas aprobadas la pasada semana en el Parlamento con los votos de PSOE y Ciudadanos no permitirán recuperar la calidad de los servicios públicos ni los derechos laborales perdidos por los trabajadores de la Junta de Andalucía.   Asimismo, no recogen los necesarios estímulos para reactivar el empleo y el sistema productivo, uno de los déficits crónicos de la Comunidad. 
El Presupuesto de la comunidad autónoma para 2016 tiene una dotación de 31.285 millones de euros. No obstante su volumen, la distribución por partidas no hará posible   ‘’generar confianza en el futuro  y ofrecer oportunidades a los andaluces".
Al contrario de lo manifestado por la consejera de Hacienda y Función Pública, las cuentas de 2016 no serán un "potente aliado" para el conjunto de la sociedad andaluza, ni para las familias  ni para las pequeñas y medianas empresas. Y aún lo serán menos para el sector público y para los colectivos con escasos recursos. Si lo serán para la enorme Administración paralela, que no deja de incorporar personal al arbitrio del directivo político de turno y de aumentar las cuantías presupuestarias que consume, y para los cargos directivos y de confianza, que verán incrementados sus cuantiosos salarios por encima del 15 por ciento.   


Para USO es intolerable otro año más de recortes en Andalucía, la comunidad que más restricciones en sus servicios públicos ha sufrido en los últimos cuatro años. También sus funcionarios y empleados públicos, prácticamente los únicos en toda España que no han recuperado ninguno de  los derechos económicos, laborales y sociales sustraídos a partir de 2010 y que les ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo por encima del 30 por ciento.