La Unión
Sindical Obrera, como miembro de la MERP, ha convocado para el sábado, 17 de
marzo, una gran marcha que partirá a las 11:00 desde la Puerta del Sol y
finalizará en la plaza del Museo Reina Sofía. Esta movilización se acordó en el
seno de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones y se hizo público el
pasado 23 de febrero. Finalizará en esa plaza simbólica para el movimiento por
el blindaje de las pensiones porque allí se celebró nuestro primer encuentro,
en diciembre de 2013.
Con la
formalización de la MERP, USO se ratificó en su lucha por el mantenimiento del
sistema público de pensiones, que había comenzado con una gran marcha contra el
“pensionazo” acordado en 2011 por Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios:
“el vapuleo constante a las pensiones, poniendo su sostenibilidad en entredicho
y riéndose del poder adquisitivo de los jubilados con una subida anual del
0,25% es la consecuencia lógica de la Reforma de agosto de 2011, aunque muchos
no lo hayan visto hasta casi siete años después”, arremete Sara García,
secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la USO.
La ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad, que entró en vigor en 2013, además de elevar la edad
de jubilación a los 67 años, “introdujo las claves de la modificación de la
revalorización de las pensiones, que hoy permiten que cada año suba el ridículo
0,25% que estamos viendo. Contra la aprobación de esta ley, USO se rebeló a
través de campañas y movilizaciones del sindicalismo independiente y todo tipo
de asociaciones que se unieran a la causa. Hoy queremos reeditar esa gran
marcha del 29 de junio de 2011 frente al Congreso de los diputados”, anima
García, “porque la Ley 23/2013 no es una reforma que pueda desligarse de la
gran Reforma de 2011 consentida por la decrépita Concertación Social, sino solo
una disposición adicional de esta”.
Por ello, desde 2013, la USO se unió con más de 300 organizaciones para
la creación de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), para
“que se blinden las pensiones para que sea un mandato constitucional
inexcusable para los poderes públicos la prohibición de cualquier atisbo de
privatización, y para que se mantenga un poder adquisitivo real”, continúa Sara
García. A este efecto, “exigimos que no se desvirtúe a conveniencia la
neutralidad del IPC. Si bien puede no ser el mejor indicador del coste de la
vida, es el único que hoy en día garantiza transparencia. Cualquier otro índice
donde se utilicen estadísticas de dudosa procedencia puede ser manipulable.
Obviamente, si el ministro de Hacienda considera que otros indicadores, como el
PIB o la previsión de crecimiento de la que tanto alardea son fiables, lo
animamos a que se revaloricen las pensiones atendiendo a esos números, ya que
supondrían por fin que la mejora de la economía que aún no vemos a pie de calle
llegase a los pensionistas”, concluye la secretaria de Acción Sindical de USO
