El desmantelamiento de los servicios públicos de preservación, protección y fiscalización ambiental por el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro sirve a abrir paso para el agronegocio y la minería a gran escala. El aumento de los incendios y la deforestación causa significativos impactos socioambientales, en el Brasil y en el mundo.
Brasil y el mundo ven asombrados los incendios masivos de los últimos días en la selva amazónica. La quema de los bosques a gran escala ha afectado significativamente a comunidades, pueblos y la flora y fauna de este ecosistema. Pero también causó impactos lejos de ahí. El lunes 19 de agosto, el humo de los incendios, asociados a la llegada de un frente frío, oscureció completamente el cielo de la mayor metrópolis brasileña, São Paulo, a las 3 de la tarde.
Expertos de la comunidad científica son unánimes en señalar que la causa de estos incendios no es el período de seca, sino la acción humana. Según reportó el 5 de agosto un periódico de la región amazónica, la Folha do Progresso, productores agropecuarios locales, “amparados por las palabras de Jair Bolsonaro”, establecieron que el 10 de agosto sería el “Día de Fuego”: ellos realizarían quemas de áreas forestales con el objetivo de limpiar el terreno para la ganadería y el monocultivo de soja. De acuerdo con el periódico Folha de S. Paulo, justo en este día el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, en la sigla en portugués) registró aumentos de 300% o más en focos de incendio en localidades amazónicas de un día al otro.
Documentos filtrados obtenidos por la plataforma Open Democracy “muestran que el gobierno de Jair Bolsonaro tiene la intención de utilizar el discurso de odio del presidente brasileño para aislar a las minorías que viven en la región amazónica. Las diapositivas de PowerPoint (…) también revelan planes para implementar proyectos depredadores que podrían tener un impacto ambiental devastador.”
Denise Motta Dau, secretaria subregional para el Brasil de la ISP Interaméricas, recuerda que los focos de incendios aumentaron el 82% en 2019 en Brasil, y el 54% de estos han ocurrido en la Amazonía. Además, señala ella, crece también la deforestación y la invasión de parques nacionales y tierras indígenas, inclusive con asesinatos de liderazgos ambientalistas. “El gobierno Bolsonaro está desmantelando los servicios públicos de prevención, protección y fiscalización ambiental, y flexibilizando la ley en nombre del lucro y de una falsa mejora en la economía del país. Sin embargo, Brasil sigue estancado y presenta un alto índice de desempleo, causando pobreza y sufrimiento a la clase trabajadora”, dice ella.
Sandro Alex de Oliveira Cezar, presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Seguridad Social (CNTSS), de Brasil, dice que el gobierno Bolsonaro tiene, entre sus marcas ideológicas, la destrucción del medio ambiente y el menosprecio por el servicio público. “Aún cuando era candidato a presidente, Bolsonaro dijo que era necesario acabar con las estructuras de fiscalización ambiental, que según él eran chiitas. Él apuesta en la reducción del papel del Estado, incluso defiende públicamente que el Estado, que en ese caso ejerce la fiscalización sobre la preservación del medio ambiente, es culpable por el retraso en la explotación de las riquezas del país, lo que es mentira”, afirma él. “De hecho, Bolsonaro apuesta a la privatización de los servicios públicos.”
Este crecimiento asustador de los focos de incendio se explica perfectamente, por lo tanto, por la implementación por el gobierno de Jair Bolsonaro de una política sistemática de desmantelamiento del Estado en todas las áreas – salud, educación, seguridad social, cultura, energía etc. – y sus planes de privatizaciones en diversos sectores. En el tema ambiental no es distinto. El 2 de agosto Bolsonaro demitió el director del INPE Ricardo Galvão tras calificar de “mentirosos” los datos de aumento de la deforestación presentados por este instituto. Anteriormente, el presidente brasileño ha realizado recortes en los presupuestos de instituciones responsables por la preservación y la fiscalización ambientales. Ha ocurrido recortes incluso en el presupuesto de acciones de combate a incendios forestales.
Con esta política antiambiental, y también con su intento de flexibilizar el uso de armas en las áreas rurales, Jair Bolsonaro atiende, así, a los intereses de terratenientes y corporaciones del agronegocio, un sector que le brindó un fuerte apoyo durante las elecciones de octubre de 2018.
Pero tales intereses pueden sufrir duros golpes tras la repercusión internacional de la destrucción de la selva amazónica. Francia e Irlanda ya indicaron ser contrarios a la implementación del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur si esta situación sigue. La Finlandia, que recién asumió la presidencia de la UE, pidió al bloco que estudie la posibilidad de prohibir la importación de la carne brasileña. Además, este viernes, 23 de agosto, se realizan movilizaciones en varias ciudades de Brasil y del mundo en defensa de la Amazonía.
“Nosotros, las trabajadoras y trabajadores, queremos un nuevo modelo de desarrollo, pero que sea sustentable, que piense en el desarrollo económico y también social, que no priorice el lucro, sino que busque mejores condiciones de vida y de trabajo para la población. Y mejores condiciones de vida presupone la preservación del medio ambiente. Para ello queremos una transición justa hacia este nuevo modelo”, defiende Denise Motta Dau.
“Animales y plantas se están muriendo a causa de esa política. Por ello, llamamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales a prestar solidaridad a Brasil y a reaccionar, ya que este es un desastre de proporciones globales”, concluye.
