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jueves, 10 de diciembre de 2015

Los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud recuperan el 100% de su jornada y retribuciones

    Trabajadores del SAS han protestado en numerosas ocasiones por los recortes de la Junta 

Los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que durante cuatro años han sufrido los mayores recortes de la Junta de Andalucía, recuperarán el 100% de su jornada y retribuciones antes de final de año, según ha informado el consejero de Salud, Aquilino Alonso. 

Según fuentes de la Consejería, 14.122 profesionales (el 96,8% del total de los eventuales) disponen ya de contrato a tiempo completo. Los 472 restantes seguirán con una jornada inferior por diferentes causas: 130 por elección propia; 324 porque cubren permisos por reducciones de jornada (principalmente por guarda legal o cuidado de familiares), y 18 porque compatibilizan sus tareas investigadoras con nombramientos a jornada parcial.
El consejero de Salud ha insistido en que la decisión de reducir un 25% la jornada laboral del personal eventual fue una medida obligada para evitar el despido de más de 8.000 profesionales por la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales establecida por el Gobierno de España en 2012.
Alonso ha criticado también la limitación en las tasas de reposición del personal que se jubila, igualmente impuesta por el Ejecutivo central, primero en un 10% y después en un 50%. Esta medida, sumada a las fuertes restricciones económicas, ha impedido crear nuevas plazas de personal interino vacante y normalizar al eventual.

El titular de Salud subraya que de no haber cubierto 9 de cada 10 jubilaciones con contrataciones de eventuales hubiese sido imposible mantener la misma cartera de servicios sanitarios e incluso la asistencia en algunas localidades. El SAS dispone actualmente de una plantilla de 92.924 empleados.

Desde FEP-USO Andalucía damos la bienvenida a esta noticia, aunque lamentamos que, a pesar de los esfuerzos que el consejero afirma haber realizado, el empleo en la Sanidad pública andaluza se ha reducido en los últimos cuatro años en más de 7.000 puestos de trabajo. Esta circunstancia, unida a los recortes generalizados en derechos del personal y en inversiones ha afectado gravemente a la calidad de los servicios sanitarios ofrecidos y a las condiciones laborales de la plantilla. Por tal motivo, desde este sindicato  no hemos dejado de reivindicar la restitución de todos los derechos perdidos por los trabajadores y la recuperación de las partidas presupuestarias que devuelvan al sistema sanitario público andaluz a los niveles que tuvo hace ya más de una década. Ambas reivindicaciones han sido y son paralelas a la exigencia de erradicación de las prácticas privatizadoras, cada vez más extendidas en este ámbito tan sensible para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Desgraciadamente, la totalidad de estas aspiraciones han vuelto a ser desatendidas por la Junta de Andalucía  en la elaboración del presupuesto de la Comunidad para 2016, aprobado la pasada semana en el Parlamento con los votos del Psoe y el apoyo de Ciudadanos.  

lunes, 2 de noviembre de 2015

FEP-USO EXIGE LA RESTITUCIÓN DE TODOS LOS RECORTES APLICADOS A LOS EMPLEADOS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ANDALUCES

FEP-USO CONTINÚA REIVINDICANDO: 

LA RESTITUCIÓN DE TODOS LOS RECORTES APLICADOS A 

LOS  EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

POR EL GOBIERNO CENTRAL
 Y
 POR  LA JUNTA DE ANDALUCÍA

QUE  ADEUDA TRES PAGAS EXTRAS (2012, 2013 Y 2014). 
TODOS LOS DERECHOS SUSPENDIDOS EN MATERIA DE JORNADA, PERMISOS, SALARIOS, OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y AYUDAS SOCIALES.

TAMBIÉN EXIGIMOS LA PARALIZACIÓN DE LOS RECORTES APLICADOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ANDALUCES QUE TANTOS GRAVES DAÑOS ESTÁN SUPONIENDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.  

miércoles, 26 de agosto de 2015

El Gobierno podría aprobar en breve la devolución del 25% de la paga extra suspendida en 2012


El Gobierno podría aprobar la devolución del 25 % de la paga extra de 2012 a los funcionarios en breve, según adelantó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el debate parlamentario de los Presupuestos Generales de 2016. 

 

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha abierto esta posibilidad durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016. "La intención del Gobierno es que, en los primeros consejos de ministros después de este debate se arbitre la fórmula legal para pagar otro cuarto de la paga extraordinaria".  
La semana pasada, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, indicó que la habilitación de crédito para afrontar este pago se produciría en septiembre u octubre, con un coste de 274 millones para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones.

Además, los Presupuestos de 2016 ya recogen la devolución del 50% restante de la paga extraordinaria --el otro 25% se les abonó en la nómina de enero de 2015-- a los empleados públicos a principios de año.
Dicha medida tendrá un coste total de 2.562 millones de euros --547 millones sólo al Estado-- y será "básica potestativa", es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicarla o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales".

Junto con la devolución de lo que faltaba de la paga extraordinaria de Navidad, los Presupuestos del año que viene recogen también un incremento retributivo del 1% para el personal funcionario, la recuperación de los 'moscosos' y los 'canosos' -días de asuntos propios- que se habían eliminado en 2012, y una mayor tasa de reposición en los servicios públicos.


FEP-USO CONTINÚA REIVINDICANDO: 

LA RESTITUCIÓN DE TODOS LOS RECORTES APLICADOS A 
LOS  EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
POR EL GOBIERNO CENTRAL
 Y
 POR  LA JUNTA DE ANDALUCÍA
QUE  ADEUDA TRES PAGAS EXTRAS (2012, 2013 Y 2014). 
TODOS LOS DERECHOS SUSPENDIDOS EN MATERIA DE JORNADA, PERMISOS, SALARIOS, OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y AYUDAS SOCIALES.

TAMBIÉN EXIGIMOS LA PARALIZACIÓN DE LOS RECORTES APLICADOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ANDALUCES QUE TANTOS GRAVES DAÑOS ESTÁN SUPONIENDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.  




martes, 21 de julio de 2015

USO denuncia que los funcionarios de Justicia están "totalmente desbordados" porque la Junta tarda tres meses en cubrir las bajas



La Junta de Andalucía llega a tardar hasta tres meses en cubrir la baja de alguno de los funcionarios que deben ausentarse por motivos de enfermedad de su puesto de trabajo. A pesar de la presión de los profesionales de la justicia, esta situación, afirman, está lejos de resolverse: “Este retraso injustificado está perjudicando gravemente a los ciudadanos andaluces y al servicio público de justicia en nuestra Comunidad Autónoma”, afirman en el último comunicado que han remitido a los medios, en mitad de una campaña de concienciación con la que pretenden mejorar el funcionamiento del servicio.

Es una reivindicación que viene de lejos y que tiene su origen en los recortes que las administraciones públicas han venido aplicando desde el inicio de la crisis. Desde el sindicato se recuerda que el retraso “triplica al tiempo que tardan otras comunidades autónomas,  donde estas bajas se cubren, como mucho, en el plazo de un mes desde que se producen y así está expresamente regulado en la normativa específica de Cataluña,  Aragón,  Cantabria,  e incluso en el territorio que gestiona directamente el Ministerio de Justicia por no haberse transferido aún las competencias de Justicia.

EL DETERIORO DE LA JUSTICIA

Eloy Maza, delegado de SPJ-USO, explica que, hasta el año 2013, los reemplazos de compañeros enfermos se producían en apenas un mes. Sin embargo, ” como consecuencia del ajuste presupuestario realizado por la Junta de Andalucía” comenzó a dilatarse la cobertura de estas plazas, lo que ha llevado a los profesionales de justicia a encontrarse en situaciones tan complicadas como las del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Granada, donde una baja de larga duración ha colapsado un negociado. Físicamente, el puesto de trabajo “está totalmente desbordado de documentos, sin que ni siquiera se vea su ordenador, con unas cien demandas por incoar (inicio del procedimiento), y unos 300 escritos por proveer”.
Y no es una situación aislada, añade el portavoz de USO, en otro juzgado de Santa Fe, el órgano que además se encarga de la Violencia contra la mujer en ese partido judicial, sufre unas condiciones similares, “se trata del segundo órgano más sobrecargado de la provincia de Granada, y aún así se permite que un órgano colapsado, se hunda aún más”.
Más allá del problema a la hora de cubrir las bajas, los trabajadores de justicia recuerdan que desde hace cinco años no se han creado órganos judiciales nuevos, “aún aumentado exponencialmente la entrada de asuntos, y dado el período estival de vacaciones”. Estas circunstancias conllevan una justicia lenta, unos funcionarios desbordados, unos justiciables y administrados, olvidados y una Administración Autonómica Andaluza, competente en esta materia, que mira hacia otro lado”.
Ante esta situación, el sindicato se pregunta si los gestores “son conscientes de lo que ocurre en un negociado de un Juzgado cuando durante tres meses nadie lo atiende, y del tiempo que hace falta para reflotarlo después”. Y la respuesta, por el momento, es no. Y es, precisamente, lo que ha motivado a estos trabajadores a presentar 5.122 firmas a la Consejería de Justicia en un intento de exponer estas carencias e impeler a la administración a que solvente estos problemas, aún más hondos en verano.

viernes, 10 de julio de 2015

La Inspección de Trabajo requiere a la Junta a corregir las cotizaciones del último semestre de 2012


Una de las consecuencias de los recortes que sufrimos en el año 2012 los empleados públicos de la Junta de Andalucía fue una bajada de la cotización general a la Tesorería de la Seguridad Social.

La Junta de Andalucía decidió “motu propio”  reducir la base de cotización que correspondía a su plantilla, ignorando que el  Real Decreto del Estado preveía un mínimo  garantizado para evitar que los recortes salariales debidos a la crisis económica  tuviesen consecuencias futuras. 

Es de gran importancia este mínimo porque minorar las  cotizaciones incide directamente en los importes de jubilaciones, incapacidades, prestaciones por desempleo, bajas por maternidad o lactancia, etc…

En su día, el Gobierno andaluz argumentó que la medida se ejecutaba en cumplimiento del decreto de ajustes impuesto por el Gobierno central, que implicaba  una reducción del salario y, por tanto, de las bases de cotización.

A efectos del cálculo de la base de cotización, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,  estableció que “seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.Dieciséis, de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012: "... como referencia, la base de cotización de cada funcionario será  la que hubiese percibido en diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponderle una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual...”.  

Como la Junta  decidió no respetar la base de cotización mínima que establecía la norma estatal,  la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social le hizo varios requerimientos para que corrigiera esta actuación.  Ello, unido a las protestas de varias organizaciones sindicales,  obligó a la Administración andaluza a corregir la medida a partir del 1 de Enero de 2013, aunque no de manera generalizada ni con efectos retroactivos a fecha julio de 2012.

Posteriormente, tanto organizaciones sindicales, en el ámbito sanitario, como trabajadores a título particular, en el ámbito de la Administración General, han requerido a la Junta de Andalucía y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que se corrijan las infracotizaciones, tanto referidas al periodo julio-diciembre 2012, como a periodos posteriores que, puntualmente, algunos empleados detectaron como incorrectamente cotizados.

A raíz de estas acciones, la Seguridad Social tiene en marcha un proceso de investigación que, dependiendo del ámbito y la provincia, se encuentra en distintas fases.    Se adjuntan últimas informaciones periodísticas, acreditadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, funcionarios y sindicatos denunciantes en relación con el estado de la investigación en la provincia de Córdoba.

Asimismo, durante este tiempo ha de destacarse que la Sentencia dictada en el recurso de apelación número 214/2014,  de cuatro de diciembre de 2014,  de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección Segunda, de Sevilla, que es firme, ya se ha pronunciado sobre la aplicabilidad a los empleados públicos de la Junta de Andalucía de la medida regulada por la norma estatal relativa a la base de cotización garantizada a que se ha hecho referencia.

Como consecuencia de este incumplimiento la  Inspección  de Trabajo y Seguridad Social ha practicado liquidación de las cotizaciones ingresadas por la Junta respecto a sus funcionarios relativos al periodo julio – diciembre de 2012, lo que obliga a la Junta de Andalucía a regularizar las cotizaciones de todos sus funcionarios.

Con posterioridad,  la Junta de Personal de Cádiz ha recibido escrito de la Inspección  de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía informando sobre el levantamiento de actas de liquidación de las cuotas no ingresadas a  la Seguridad Social  por la Junta de Andalucía  en el  periodo de julio a diciembre de 2012.

En todo caso, y desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social siempre se ha recomendado que los funcionarios, laborales y demás empleados de la Administración andaluza consulten sus bases de cotización, especialmente las correspondientes al periodo julio-diciembre de 2012,  y comprueben personalmente si son o no inferiores a las de diciembre de 2010. 

La consulta puede realizarse telemáticamente, a través de la web de la seguridad social, con certificado digital, pinchando en  INFORMES DE BASES DE COTIZACIÓN:


En caso de ser inferiores, se recomienda presentar escrito de reclamación solicitando la subsanación de los errores detectados. Ello, independientemente de que la Junta de Andalucía proceda a regularizar las mismas a través del ingreso de las cuotas que la Inspección de Trabajo les está reclamando.

Por parte de USO, seguiremos informando de cualquier cambio o nueva actuación que surja sobre este tema.

También disponemos de modelo de reclamación ante la Tesorería de la Seguridad Social.



Enlaces de interés:







martes, 30 de junio de 2015

Los empleados públicos no estamos a la venta


Estos días algunos Medios de Comunicación están machacando con una posible devolución de la parte impagada de la paga extra de diciembre de 2012 y de algún día de Asuntos Particulares… y/o de algún día de Vacaciones por antigüedad. Derechos todos ellos que nos fueron hurtados en virtud del RDL 20/2012 de 13 de Julio.  Curiosamente estos “globos sondas” comenzaron a darse unos días antes de las Elecciones Sindicales celebradas en el ámbito de la Administración del Estado el pasado día 18, y vendidos por alguna Organización Sindical como un triunfo de su gestión.
A estos efectos desde el Gobierno se dice que se está estudiando el margen presupuestario de que dispone para hacer frente a este pago y, dependiendo del mismo, planteará una propuesta al respecto… Y que devolverá… “según se pueda”…
En los referidos Medios de Comunicación, e incluso por parte de algunos Sindicatos, se hace hincapié en que estas Propuestas suponen un guiño a los Empleados Públicos, y un intento de conciliarse con este importante Colectivo -de más de 2.500.000 de votantes potenciales-  de cara a las próximas Elecciones Generales.
Desde la FEP-USO valoramos positivamente la devolución de cualquiera de los derechos que nos han sido sustraídos a los Empleados Públicos en los últimos años… No hemos cesado en pedir su restitución. Y vamos a seguir  reclamándolos. . Estos y otros, que parecen olvidados y que son tanto cualitativa como cuantitativamente, tan importantes como la Paga Extra (o pagas extras en el caso de la Junta de Andalucía, donde los recortes se han extendido los años 2013 y 2014)…   -Acción Social, Complemento IT, Retribuciones, Recuperación Poder Adquisitivo, Oferta Empleo Público, Promoción, etc…-
Dicho esto hay algo que en la FEP-USO nos ocasiona un gran hastío… y a su vez cabreo… Y es la consideración que el propio Gobierno, y algunos Medios de Comunicación -que azuzan y venden esta idea a la opinión pública-tienen de los Empleados Públicos, a los que consideran parias… estómagos agradecidos… que vamos a rendir pleitesía, en forma de voto -sin otras consideraciones- al Político de turno que devuelva… o prometa devolver -que de esos también hay muchos- derechos usurpados anteriormente… Dejemos esto claro. No nos dan nada. Solo nos devuelven -si finalmente lo hacen- una parte de lo que nos han robado…
Efectivamente “el ladrón cree que todos son de su condición”… Es fácil pensar que ciertos Políticos -inmersos en el mundo de la corrupción, del clientelismo, de la mordida y del favoritismo- así lo crean… Incluso también algunos Medios de Comunicación -posiblemente más preocupados en que no les quiten la Publicidad Institucional y demás subvenciones, que en el rigor de su información- sobre todo cuando se refieren a los Empleados Públicos… E incluso ciertos Sindicatos que -nunca morderían la mano del Político que le da de comer-… crean esto…
Pero se equivocan si piensan que los Empleados Públicos vamos a vender nuestro voto al mejor postor… y aun más… porque nos devuelvan alguno de los derechos -sustraídos antaño injustamente- por ellos mismos…
Va a ser que no… Los Empleados Públicos tenemos muchos problemas… Muchos… La Paga Extra y los días de Asuntos Particulares, aunque importantes, son solo una pequeña parte de nuestros problemas… De nuestras reivindicaciones… De lo que se nos avecina…  Está en juego mucho más que Pagas Extras y Asuntos Propios… Esta en juego la propia continuidad de los Servicios Públicos y de los Puestos de Trabajo que los cubren… tal y como los entendemos… Que puede suponer  su desaparición y/o sustitución por una gestión privada y/o externalizada y/o mediante sistemas telemáticos… Como única alternativa para el Empleado Público y para el Ciudadano…
Hay quien quiere dejar la Función Pública reducida a la nada… y si esto no es posible… a la más mínima expresión… Conocemos muchos ejemplos… Informe Cora en definitiva…
Es por ello que en la FEP-USO creemos que si alguien quiere atraer para si el voto de los Empleados Públicos tendrá que comprometer algo más que la devolución de la Paga Extra, o de algún día de Asuntos Propios… e incluso del inicio de un Proceso de Negociación que todos intuimos lo que dará de si… más allá de la Rueda de Prensa, con foto incluida. Creemos que tendrán que obligarse comprometida y creíblemente al mantenimiento de unos Servicios Públicos de Calidad, prestados por Empleados Públicos profesionales,  bien formados y adecuadamente retribuidos, que cubran debidamente las necesidades de todos los Ciudadanos. Y así, quizá, puede que obtengan nuestra confianza… 

viernes, 20 de marzo de 2015

Consenso entre parlamentarios andaluces si se trata de mantener privilegios

Los tres partidos pactaron una subida de dietas y la restricción de las reglas para formar nuevos grupos

El consenso entre los tres partidos representados en el Parlamento andaluz (PP, PSOE e IU) no ha sido la tónica dominante en la pasada legislatura en cuanto a la adopción de medidas o la aprobación de leyes, aunque sin embargo destacaron un par de pactos a tres bandas, siempre fuera de los focos, cuyo beneficio repercutió en ellos mismos. En mayo de 2013 esta redacción informó del acuerdo entre los tres grupos para elevar las dietas por alojamiento y manutención del presidente de la Cámara, el socialista Manuel Gracia, y de los portavoces adjuntos de los tres partidos. El presidente del Parlamento pasaría a percibir 400 euros más mensuales (hasta 2.400 por complementos) y los portavoces adjuntos una asignación fija de 500 euros a la semana, cuando hasta entonces dependía de su lugar de residencia.

El presidente del Parlamento emitió esa misma mañana un comunicado en el que dio marcha atrás al acuerdo y anunció que se devolvería el dinero ingresado de más por el nuevo acuerdo, aunque tardó seis días en comparecer y justificó su subida en un "menor uso" del coche oficial y el uso de su automóvil particular. "Yo, precisamente, en un intento de dar ejemplaridad en la vida pública, he renunciado al coche oficial, y vengo en mi coche. A los desplazamientos oficiales sí, pero a los actos políticos voy en mi coche. No hace falta desplazar el A6", dijo. Curiosamente ese mismo día la declaración de bienes de Gracia incorporó entre los bienes declarados un Renault Scenic.

Gracia no dimitió, ni el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, le hizo dimitir. El veterano diputado desapareció de la agenda de actividades o de entrevistas públicas prácticamente un año, hasta que la polémica remitió. También los tres partidos se protegieron y prefirieron pasar página sobre este incómodo episodio.

Más información:
 
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1987146/consenso/y/unanimidad/si/se/trata/privilegios.html

Un acuerdo 'secreto' del Parlamento andaluz subió el sueldo de los diputados en 2013

En febrero de 2013, la Mesa del Parlamento de Andalucía acordó sin publicidad alguna que la institución comenzase a pagar con sus propios fondos la cuota obrera de la Seguridad Social a los 109 diputados y, de esta manera, los parlamentarios aumentaron sus retribuciones individuales al no ver descontada de su nómina este porcentaje, del 4,8%, unos 170 euros mensuales.

Apenas tres meses antes, en diciembre, los diputados habían renunciado a cobrar la paga extra "en solidaridad" con los recortes salariales a los empleados públicos y rebajaron su sueldo para el año entrante. Con la decisión inédita de la Mesa de dejar de retener la cuota de la Seguridad Social y hacerse cargo de la cotización con sus propios fondos, los diputados aminoraron el impacto salarial de unos recortes salariales que padecieron en su totalidad otros cargos de la Administración y los trabajadores públicos.


Si la eliminación de una paga extra les supuso a los diputados un recorte de entre un 4,23% hasta un 5,90% y las retribuciones para el año entrante se recortaron un 3%, los parlamentarios compensaron esta merma con la decisión de que la Cámara pagase las cotizaciones sociales. El sueldo base de un diputado andaluz se quedó en 3.020,29 euros al mes, a lo que hay añadir complementos, como mínimo, de 800 euros mensuales para todos.

Más información:

http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1987149/acuerdo/secreto/parlamento/andaluz/subio/sueldo/los/diputados.html#.VQnBRCcKLMI.blogger